Organizaciones de la sociedad civil y plataformas de oposición democrática elevaron este miércoles una contundente denuncia contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra el líder indígena Brooklyn Rivera, sus familiares y la población de la Costa Caribe, al tiempo que exigieron una investigación internacional independiente y la liberación inmediata de los presos políticos y personas desaparecidas en Nicaragua.
La demanda fue presentada mediante un pronunciamiento conjunto divulgado tras la muerte de Brooklyn Rivera, histórico dirigente miskito y presidente de Yatama, quien falleció después de permanecer 971 días bajo detención en condiciones que organizaciones nacionales e internacionales han calificado como desaparición forzada.
Las organizaciones denunciaron que Rivera fue mantenido incomunicado, sin acceso a sus familiares, atención médica adecuada ni defensa jurídica desde su captura en septiembre de 2023, ocurrida poco después de haber realizado denuncias sobre la situación de los pueblos indígenas ante organismos de Naciones Unidas.
“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y con su pueblo, incluso después de su muerte. Exigimos verdad, justicia y esclarecimiento pleno de los hechos, incluyendo exámenes forenses independientes”, señalaron.
Denuncian patrón de desapariciones y muertes bajo custodia
El comunicado sostiene que el caso de Brooklyn Rivera no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón de represión que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada y muertes bajo custodia estatal.
Las organizaciones alertaron sobre la situación de decenas de personas presas por motivos políticos y ciudadanos cuyo paradero continúa sin conocerse, denunciando que estas prácticas violan derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Exigen liberación de familiares detenidos
Uno de los puntos más urgentes del pronunciamiento es la exigencia de liberar a los familiares de Brooklyn Rivera que fueron detenidos cuando intentaban reclamar los restos del líder indígena.
Diversas denuncias señalan que varios parientes y allegados fueron capturados el pasado 31 de mayo y desde entonces permanecen desaparecidos, una situación que también ha sido denunciada por expertos de Naciones Unidas.
Asimismo, las organizaciones demandaron el cese inmediato de las acciones represivas contra la población de la Moskitia y reclamaron garantías para los pueblos indígenas que continúan enfrentando hostigamiento y persecución.
Ocho demandas al régimen
Entre las principales exigencias planteadas destacan:
- Información inmediata sobre el paradero y estado de salud de las personas detenidas y desaparecidas.
- Liberación de todos los presos políticos, incluyendo quienes permanecen bajo arresto domiciliario o medidas restrictivas.
- Investigación internacional independiente sobre la muerte de Brooklyn Rivera y otras violaciones ocurridas bajo custodia estatal.
- Cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Protección efectiva para defensores indígenas, ambientales y de derechos humanos.
- Liberación incondicional de los familiares de Rivera detenidos tras su fallecimiento.
- Fin de la represión contra las comunidades de la Costa Caribe.
- Cese de la desnacionalización, el acoso transnacional y otras medidas de persecución contra opositores y exiliados.
Llamado a la comunidad internacional
Las organizaciones dirigieron además un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Gobierno y al Congreso de Estados Unidos, al secretario general de Naciones Unidas y a los gobiernos democráticos de la región para que impulsen acciones urgentes de protección y rendición de cuentas frente a la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.
Los firmantes sostienen que la muerte de Brooklyn Rivera representa un punto de inflexión que obliga a la comunidad internacional a actuar con mayor firmeza ante las denuncias de represión y desapariciones forzadas.
“Frente al dolor de las víctimas, al silencio impuesto y a la persistencia de la impunidad, reafirmamos que la defensa de los derechos humanos en Nicaragua es una causa irrenunciable”, concluye el pronunciamiento.