La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó este lunes un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad con los que busca endurecer las penas contra el crimen organizado, fortalecer la protección a los cuerpos policiales y reformar aspectos del sistema penitenciario y judicial del país.

Acompañada por integrantes de la denominada “Fuerza Élite”, la mandataria aseguró que las iniciativas forman parte de una estrategia para la “recuperación de la justicia y la seguridad del país”, ante el aumento de la violencia y la criminalidad.

Entre las propuestas destaca la “Ley Gerson Rosales”, nombrada en honor al oficial de policía asesinado en mayo pasado en Limón. La iniciativa plantea una mayor protección legal para los agentes y establece que la respuesta armada de los cuerpos policiales se presuma como un acto de legítima defensa cuando enfrenten situaciones de peligro durante el cumplimiento de sus funciones.

El proyecto también aumenta las sanciones contra quienes agredan, amenacen, desarmen u obstaculicen el trabajo de los oficiales de seguridad.

Otra de las iniciativas es la Ley de sanción de pertenencia a organizaciones criminales, que busca castigar con penas de uno a seis años de prisión a quienes formen parte de estructuras delictivas, con penas mayores cuando se trate de delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico, trata de personas o reclutamiento dentro de estas organizaciones.

Fernández también presentó la Ley de mano firme contra la reincidencia, con la cual pretende limitar la posibilidad de que personas con antecedentes o múltiples procesos penales puedan obtener medidas alternativas a la prisión preventiva.

“No se puede juzgar igual a una persona que cometió un único delito en su vida frente a alguien que ha hecho del delito su forma de vida”, afirmó la presidenta al defender la propuesta.

Dentro del paquete figura además la Ley cero ocio en las cárceles, que busca establecer el trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad. Según explicó la mandataria, una parte de los ingresos generados se destinaría al mantenimiento del sistema penitenciario, a la reparación de las víctimas, al apoyo de las familias de los reclusos y a un fondo de ahorro para cuando recuperen la libertad.

Las otras iniciativas incluyen una ley contra las pistas de aterrizaje clandestinas, que endurece las penas contra propietarios de terrenos donde se construyan estas estructuras utilizadas por redes criminales, y una reforma para eliminar el llamado “derecho al olvido” en registros judiciales, permitiendo que los antecedentes penales permanezcan por más tiempo o de forma permanente para fines policiales y de investigación.

La presidenta justificó este último cambio señalando que las víctimas de los delitos no cuentan con un “derecho al olvido” frente a los daños sufridos.

Los seis proyectos ingresaron oficialmente a la corriente legislativa y ahora deberán ser asignados a una comisión de la Asamblea Legislativa, donde los diputados analizarán, discutirán y decidirán si avanzan hacia su eventual aprobación.