La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del nicaragüense Ricardo José Mendoza Yrigoyen, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia debido al riesgo que enfrentan sus derechos a la vida e integridad personal.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 50/2026, emitida el 22 de junio, luego de que la CIDH analizara información que señala que Mendoza Yrigoyen fue detenido por agentes estatales el 23 de enero de 2026 durante un operativo realizado en su vivienda, ubicada en la zona de Carretera Sur, en Managua.
De acuerdo con la solicitud presentada ante el organismo interamericano, desde el momento de su detención sus familiares desconocen su paradero y destino, pese a las múltiples gestiones realizadas ante distintas instituciones estatales para obtener información sobre su situación.
La CIDH indicó que los familiares acudieron a entidades como la Dirección de Auxilio Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario Nacional, incluyendo visitas constantes al centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, sin recibir respuestas oficiales sobre el lugar donde se encuentra recluido.
El organismo destacó que el Estado de Nicaragua no proporcionó información en respuesta a los requerimientos realizados durante el análisis del caso.
Ante esta situación, la Comisión concluyó que existe un riesgo grave para la vida e integridad personal del beneficiario, debido a que no hay información oficial sobre su ubicación ni sobre sus condiciones actuales.
“La falta de respuesta del Estado impide conocer las medidas adoptadas para atender la situación de riesgo y determinar el paradero o destino del beneficiario”, señaló la CIDH en su resolución.
Como parte de las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado nicaragüense adoptar las acciones necesarias para determinar la situación y el paradero de Ricardo José Mendoza Yrigoyen y garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
Asimismo, pidió al régimen Ortega-Murillo informar si el beneficiario se encuentra bajo custodia estatal, revelar el lugar donde estaría detenido y permitir el acceso de sus familiares y representantes legales.
El caso se suma a las preocupaciones expresadas por organismos internacionales de derechos humanos sobre denuncias de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en Nicaragua, en medio de la crisis política y de derechos humanos que atraviesa el país desde 2018.