El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó este jueves al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) suspender de inmediato el decomiso, inmovilización, retención y cualquier sanción administrativa contra las bicicletas gaso-asistidas que circulen por las vías públicas del país.

La decisión fue adoptada mediante una medida cautelar provisionalísima por el juez Alcevith Godínez Prado, dentro del expediente 26-003407-1027-CA, tras una demanda presentada por la empresa Todo Motor S.A. contra el Estado.

La resolución tiene efecto inmediato y representa un freno temporal a la aplicación del criterio administrativo que la Policía de Tránsito comenzó a reforzar esta semana para decomisar bicimotos que no contaran con inscripción registral, placas, marchamo, revisión técnica, licencia o casco.

Tribunal considera que podría haber daños irreparables

Para adoptar la medida, el juez se basó en los artículos 23 y 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que permiten dictar resoluciones urgentes sin escuchar previamente a la parte demandada cuando existe riesgo de daños irreparables.

El Tribunal estimó que la aplicación del criterio emitido por el MOPT podría generar consecuencias económicas, sociales y personales tanto para quienes utilizan estos vehículos como para quienes los comercializan.

Por ello, ordenó suspender de forma inmediata todo decomiso, inmovilización, retención o sanción administrativa relacionada con bicicletas gaso-asistidas mientras se analiza el caso.

MOPT deberá responder en tres días

La resolución concede al Ministerio de Obras Públicas y Transportes un plazo de tres días hábiles para presentar sus argumentos sobre la medida cautelar.

Una vez vencido ese plazo, el Tribunal decidirá si mantiene la suspensión, la modifica o la revoca mientras continúa el proceso judicial.

El origen del conflicto

La resolución hace referencia al oficio CARTA.MOPT-DVT-DGPT-OPT-2026-1022, emitido el pasado 11 de junio por la Policía de Tránsito y distribuido a todas sus delegaciones.

En ese documento se recordó a los oficiales el criterio jurídico según el cual un vehículo deja de ser considerado una bicicleta cuando posee un sistema de propulsión auxiliar —ya sea de combustión, eléctrico o híbrido— que funciona de manera autónoma, sin depender del pedaleo continuo.

Con esa interpretación, muchas bicimotos de gasolina pasaron a ser tratadas como motocicletas, por lo que debían cumplir requisitos como licencia de conducir, placas, marchamo, revisión técnica e inscripción en el Registro Nacional.

Decomisos provocaron polémica

La aplicación del criterio comenzó a reflejarse esta semana cuando oficiales de la Policía de Tránsito realizaron operativos en distintos puntos del país.

Uno de ellos tuvo lugar el pasado lunes en las inmediaciones de Plaza González Víquez, en San José, donde fueron decomisadas varias bicimotos por incumplir los requisitos establecidos en la Ley de Tránsito.

Tras las críticas de usuarios y comerciantes, el jefe de Operaciones de la Policía de Tránsito, Felipe Venegas, aseguró que no se trataba de una nueva regulación ni de operativos especiales, sino de la aplicación de disposiciones que, según el MOPT, ya se encontraban vigentes desde 2025.

Regulación sigue pendiente

El conflicto ocurre mientras el Gobierno continúa elaborando un reglamento específico para regular las bicimotos.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) trabaja desde hace varios años en una normativa que busca diferenciar claramente las bicimotos de las bicicletas asistidas y definir con mayor precisión las obligaciones que deberán cumplir sus propietarios.

Mientras esa regulación no se concreta, la orden del Tribunal deja suspendidos los decomisos y sanciones administrativas contra estos vehículos, al menos hasta que se resuelva la solicitud cautelar presentada contra el MOPT.