Abogados nicaragüenses y fuentes vinculadas al sistema judicial denunciaron una presunta exclusión masiva de profesionales del Derecho del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una medida que les impediría ejercer la abogacía y el notariado al desaparecer del sistema de consulta utilizado por los tribunales.
La denuncia fue hecha pública por los periodistas nicaragüenses Emiliano Chamorro y Migue Mendoza, quienes informaron que varios abogados y notarios han constatado que ya no aparecen inscritos en el sistema de consulta de la Corte Suprema, pese a que anteriormente figuraban como profesionales autorizados para ejercer.
Uno de los afectados es el abogado Rudy Siles, actualmente exiliado, quien aseguró que al verificar el registro oficial comprobó que su nombre había sido eliminado.
“Yo me busqué en el registro y ya no aparezco más. De Ortega y Murillo solo podemos esperar abusos, pero los vamos a seguir denunciando”, afirmó Siles a Chamorro.
De acuerdo con la denuncia, otro abogado que permanece en Nicaragua confirmó que también fue borrado del registro oficial, lo que apunta a que no se trataría de un caso aislado.
Exclusión por no ser sandinistas
De acuerdo con las denuncias, la decisión habría sido ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una represalia política contra abogados considerados no afines al sandinismo.
Fuentes judiciales consultadas señalaron que la llamada “limpia” habría eliminado del sistema a alrededor de 2,000 abogados y notarios, dejándolos sin posibilidad de representar clientes, presentar escritos o ejercer funciones notariales, afirma Mendoza.
Denuncian obstáculos para ejercer la profesión
Los abogados afectados sostienen que la eliminación de sus nombres del registro tiene consecuencias inmediatas para el ejercicio de su labor.
Según los testimonios difundidos, cuando se presentan a los juzgados para representar a sus clientes, funcionarios judiciales les informan que ya no pueden actuar como abogados porque no aparecen registrados en la Corte Suprema.
Además, denuncian que tampoco pueden adquirir papel sellado, un requisito utilizado para determinados trámites legales.
Estas restricciones, afirman, paralizan procesos judiciales y afectan tanto a los profesionales como a las personas que representan legalmente.
Señalan persecución contra juristas críticos
Aunque hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no ha emitido ninguna explicación pública sobre estas eliminaciones, versiones citadas por los denunciantes indican que la medida estaría dirigida contra abogados y notarios que el régimen considera adversarios políticos o críticos de su gestión.
La denuncia se suma a las múltiples acciones emprendidas en los últimos años contra profesionales del derecho, organizaciones civiles y opositores, incluyendo cancelaciones de personerías jurídicas, confiscaciones, inhabilitaciones y restricciones para ejercer distintas profesiones.
Los abogados afectados consideran que esta práctica constituye un nuevo mecanismo de represalia y de control sobre el sistema de justicia, al impedir que determinados profesionales continúen ejerciendo su labor sin que exista, hasta ahora, una resolución pública que justifique la eliminación de sus registros.