El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más instó este miércoles 22 de julio a la comunidad internacional a desconocer cualquier reforma que suprima las elecciones en Nicaragua y a aumentar la presión diplomática contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras el anuncio del dictador de que el país no volverá a celebrar comicios que permitan la alternancia en el poder.
En una carta abierta dirigida a Estados democráticos, parlamentos, organismos internacionales y mecanismos de protección de derechos humanos, la organización calificó las declaraciones de Ortega del pasado 19 de julio como la confirmación de la intención del régimen de consolidar una “dinastía” familiar mediante la eliminación definitiva del Estado de Derecho.
El Colectivo advirtió que la posterior reacción de la Asamblea Nacional, que anunció el inicio de un plan de trabajo para desarrollar las “orientaciones presidenciales” y preparar reformas junto al Consejo Supremo Electoral, confirma que la decisión ya comenzó a materializarse.
“La supresión definitiva de las elecciones persigue dos objetivos profundamente peligrosos: perpetuar la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen y allanar el camino para una sucesión dinástica de la familia Ortega-Murillo”, sostuvo la organización.
“No elimina solo el voto”
Nicaragua Nunca Más afirmó que la decisión de eliminar las elecciones trasciende la pérdida del derecho al sufragio y supone cerrar toda posibilidad de cambio político por la vía pacífica.
Según el organismo, impedir la celebración de elecciones significa negar a la ciudadanía la posibilidad de sustituir a sus gobernantes, exigir rendición de cuentas, denunciar la corrupción y reclamar justicia por las graves violaciones a los derechos humanos documentadas en los últimos años.
La organización recordó que, aunque Nicaragua dejó de celebrar elecciones libres desde 2011, el anuncio de Ortega elimina incluso la apariencia de competencia democrática que el régimen había mantenido mediante procesos electorales controlados, con exclusión de candidatos opositores, cancelación de partidos políticos y resultados predeterminados.
Antecedentes de la concentración del poder
En su pronunciamiento, el colectivo señaló que la eliminación de las elecciones es la culminación de un proceso iniciado hace más de una década, que incluyó la reelección indefinida de Ortega, el encarcelamiento de aspirantes presidenciales en 2021 y la reforma constitucional de 2024-2025, que instauró la figura de la copresidencia y subordinó todos los órganos del Estado al Ejecutivo.
Asimismo, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones al Estado de Nicaragua por violaciones a los derechos políticos, citando los casos YATAMA vs. Nicaragua, Gadea Mantilla vs. Nicaragua y Chavarría Morales y otros vs. Nicaragua, en los que determinó la existencia de exclusión política, falta de garantías electorales y ausencia de recursos efectivos para proteger los derechos ciudadanos.
El colectivo sostuvo que actualmente Nicaragua ya no cuenta con poderes públicos independientes y que la Constitución ha dejado de funcionar como un límite al poder para convertirse en un instrumento que legitima la concentración del poder y la impunidad.
Llamado a la comunidad internacional
Ante este escenario, Nicaragua Nunca Más pidió a la comunidad internacional adoptar una respuesta coordinada que incluya:
- Condenar públicamente la eliminación de las elecciones y el respaldo de la Asamblea Nacional.
- Desconocer cualquier reforma destinada a perpetuar en el poder a la familia Ortega-Murillo.
- Fortalecer los mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas.
- Imponer sanciones individuales contra quienes impulsen las reformas represivas.
- Exigir la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades públicas y la restitución de la nacionalidad a las personas desnacionalizadas.
- Reforzar la protección internacional para las personas nicaragüenses exiliadas.
- Exigir la devolución de los bienes confiscados por el régimen.
Finalmente, el organismo advirtió que si la dictadura convierte en ley la abolición de las elecciones, los Estados democráticos deberán desconocer plenamente la legitimidad del régimen, revisar sus relaciones diplomáticas y negar reconocimiento a las autoridades surgidas de ese nuevo orden político.
“La soberanía no pertenece a una familia, a un partido ni a quienes controlan las instituciones y las armas. Pertenece exclusivamente al pueblo nicaragüense”, concluye la carta.