La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la imposición de nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías, como resultado de una investigación que concluyó que decenas de países, entre ellos Nicaragua, no han adoptado ni aplicado de forma efectiva medidas para impedir el comercio de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.
La decisión, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y que entra en vigor este viernes, sustituye el arancel global temporal del 10 % que Washington mantenía desde febrero, horas antes de que expirara esa medida.
En el caso de Nicaragua, Estados Unidos determinó que el país integra el grupo de 54 economías que “han fallado en imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”, lo que llevó a Washington a imponerle un arancel del 12,5 %.
Investigación iniciada por orden de Trump
La medida deriva de las investigaciones abiertas el 12 de marzo de 2026, cuando el presidente Trump instruyó al Representante Comercial de Estados Unidos a iniciar 60 investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Durante el proceso se realizaron dos rondas de audiencias públicas, se recibieron más de 2.100 comentarios del público, se celebraron consultas con más de 45 gobiernos y posteriormente se analizaron más de 1.600 observaciones adicionales sobre las medidas correctivas propuestas.
El 2 de junio de 2026, la USTR concluyó que las políticas y prácticas de las economías investigadas relacionadas con el trabajo forzoso eran “irrazonables” y restringían el comercio estadounidense, por lo que recomendó la imposición de medidas comerciales.
Greer: “La persuasión moral no ha funcionado”
El embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, afirmó que la decisión responde a una instrucción directa del presidente Trump.
“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene una prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró.
Greer sostuvo que la medida busca corregir “una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora”, además de mejorar las condiciones laborales a nivel internacional.
Nicaragua entre los países señalados
En el informe oficial divulgado por la USTR, Nicaragua aparece junto a otros 53 países que, según Washington, no han establecido ni aplicado de manera efectiva mecanismos para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Entre las economías señaladas figuran también Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Colombia, Venezuela, China, Rusia, Sudáfrica, Vietnam, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Japón y Corea del Sur, entre otras.
La Administración estadounidense estableció tres categorías de aranceles:
- 10 % para países que ya cuentan con prohibiciones de importación por trabajo forzoso o que se comprometieron a implementarlas mediante acuerdos comerciales.
- 10 % o 12,5 % para determinados productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza.
- 12,5 % para todas las demás economías investigadas, categoría en la que quedó incluida Nicaragua.
Excepciones previstas
La USTR también anunció excepciones para determinadas materias primas, productos estratégicos y bienes cuya producción no pueda ser sustituida fácilmente dentro de Estados Unidos, así como para algunos productos específicos procedentes de países que hayan mostrado avances en la implementación de medidas contra el trabajo forzoso.
La Administración Trump defendió que estas acciones forman parte de su estrategia para proteger a los trabajadores estadounidenses y combatir prácticas comerciales consideradas desleales, recurriendo a la Sección 301 después de que la Corte Suprema limitara anteriormente el alcance de los aranceles generales impuestos por el Ejecutivo.