El Gobierno de Costa Rica presentó el lunes un paquete de proyectos de ley para reforzar la lucha contra el crimen organizado, que incluye ampliar las causales para extraditar a ciudadanos costarricenses y endurecer las penas contra la minería ilegal, una actividad que las autoridades vinculan en gran medida con redes que operan desde Nicaragua.
La presidenta Laura Fernández expuso ante la Asamblea Legislativa las iniciativas, entre las que destaca una reforma constitucional para ampliar los delitos por los cuales un costarricense podrá ser extraditado. Actualmente, la legislación solo permite la extradición por narcotráfico y terrorismo.
Con la reforma, la extradición también podría aplicarse por delitos como legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, tráfico de órganos y tejidos, sicariato, homicidios relacionados con organizaciones criminales, participación en estructuras criminales transnacionales, cibercrimen, ciberfraudes y ciberterrorismo.
“La nacionalidad es un derecho y un orgullo para millones de ciudadanos honestos, no es un escudo para miembros de organizaciones criminales transnacionales”, afirmó Fernández.
La mandataria sostuvo que la nacionalidad no puede convertirse en un mecanismo para evitar la acción de la justicia frente a delitos graves.
Costa Rica busca cerrar espacios al crimen organizado
La propuesta se suma a la reforma constitucional aprobada en mayo de 2025, que eliminó la prohibición de extraditar a ciudadanos costarricenses y naturalizados por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Desde entonces, Costa Rica ha ejecutado varias extradiciones hacia Estados Unidos y Europa, entre ellas la del exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, requerido por cargos relacionados con narcotráfico.
Endurecen penas por minería ilegal
El Ejecutivo también presentó un proyecto para aumentar las penas de prisión por minería ilegal y por los delitos asociados a toda su cadena de producción y comercialización.
La iniciativa eleva las condenas actuales, que van de tres meses a cinco años, a un rango de entre seis meses y diez años de cárcel.
La medida se relaciona directamente con la situación en Las Crucitas, en la zona norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua, donde las autoridades realizan constantes operativos contra la extracción ilegal de oro.
Según el Gobierno costarricense, una parte importante de quienes participan en esa actividad son ciudadanos nicaragüenses que ingresan ilegalmente al país y que, tras ser detenidos, vuelven a ingresar. Las autoridades afirman que existen registros de personas deportadas más de 35 veces.
Además, sostienen que gran parte del oro extraído ilegalmente en Las Crucitas termina siendo trasladado a Nicaragua.
Proyecto para reactivar minería legal
Paralelamente, el Gobierno impulsa en la Asamblea Legislativa otra iniciativa para reactivar la explotación legal de oro en Las Crucitas mediante concesiones a empresas privadas.
La zona quedó sin explotación industrial desde 2010, cuando la empresa canadiense Infinito Gold perdió la concesión tras un largo proceso judicial. Desde entonces, el área ha sido ocupada por mineros artesanales ilegales que utilizan mercurio y cianuro, sustancias altamente contaminantes para el ambiente.