Este martes 29 de diciembre entró en vigencia la “Ley Especial de Ciberdelitos”, conocida también como “Ley Mordaza”, una ley que busca castigar con la cárcel la difusión de noticias falsas en las redes sociales, bajo la tipificación de “ciberdelitos”.
Al respecto, la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), reiteró su rechazo y condena a la nueva legislación, afirmando que ésta “representa una de las peores amenazas a las libertades de expresión y de prensa en los últimos años, así como a la independencia en el ejercicio del periodismo y la comunicación en Nicaragua”.
La ley establece penas de dos a 10 años de prisión para quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, y una condena de hasta cinco años de prisión para quienes “inciten al odio y a la violencia”.
En dependencia de los factores “agravantes” de quien cometa el “ciberdelito”, la legislación contempla penas “accesorias” de 200 a 600 días de multa.
PCIN alertó que ante cualquier información que brinde el periodismo independiente, “aunque haya sido comprobada y tenga múltiples fuentes informativas, podrá ser tipificada como quieran los jueces subordinados al orteguismo, de modo que puedan utilizar especialmente cuatro de los artículos de esta ley, expresamente diseñados para reprimir a las mujeres y hombres de prensa independientes”.
La “Ley Mordaza” también propone extraditar a nicaragüenses desde países con los que existan tratados vigentes.
En este punto, PCIN sostiene que la ley establece una aplicación “extraterritorial”, es decir “pretende reprimir a quienes se encuentran fuera del territorio nicaragüense”.
“Dada la naturaleza globalizada de las TIC, cualquier persona, periodista o institución en todo el mundo, podrá ser perseguida, por emitir, por ejemplo, una opinión respecto a la situación en Nicaragua”, añadió.
El gremio periodístico exhortó a los comunicadores a “reforzar un ejercicio del periodismo cada vez más profesional, publicando únicamente después de constatar los hechos mediante investigaciones que incluyan diversas fuentes”.
“Esto no nos protegerá de la intención represiva del régimen, pero dificultará en parte la aplicación de esta ley inconstitucional”, continuó.
Asimismo, llamó a la comunidad y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a “acompañarlos en el proceso de defensa en contra de la ‘Ley de Ciberdelitos o Ley Mordaza’, pues nos genera extrema preocupación por su potencial uso en contra de periodistas, comunicadores y voces disidentes en el ya deteriorado estado de los derechos humanos en Nicaragua”.