La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se presentó esta mañana ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB) para presentar un recurso de apelación pues el organismo afirma que esta institución estatal no les ha permitido inscribirse como “agente extranjero” al ponerles trabas en los requisitos. Sin embargo, el documento no fue recibido.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH declaró que han presentado “en forma y tiempo todos los requisitos”, pero que existe “una mala intensión” del MIGOB y sus funcionarios para no extenderles una carta de cumplimiento, que significaría no poder inscribirse como “agente extranjero”.
“Cada día que nos presentamos con los requisitos, salen con un nuevo requisito, de tal manera que es una situación mal intencionada por parte del Ministerio de Gobernación para no permitir registrarnos como ‘agentes extranjeros’. Estamos agotando los procesos internos que nos da la Constitución Política y esperamos que el día de hoy el Ministerio de Gobernación nos reciba el recurso de apelación dado la actitud de estos funcionarios de no permitirnos inscribirnos”, dijo.
“No vamos a seguir con este jueguito del Ministerio de Gobernación y sus funcionarios de que cada día que venimos nos piden más información”, agregó Carmona, que aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros no impedirá que la CPDH siga defendiendo los derechos humanos.
Carmona considera que las oenegés del país se encuentran en una “situación crítica”, que no se les permite trabajar, dado el control que representa la legislación conocida en el país también como “Ley Putin”.
La abogada Karla Sequeira quien ha visitado unas 15 veces el MIGOB para entregar los requisitos comentó la institución estatal “no tiene la intención” de darles la constancia de inscripción. “Nos están poniendo trabas absurdas y completamente arbitrarias”, señaló.
La “Ley Putin” obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros” ante el MIGOB, controlado por el orteguismo.
La legislación, establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Además, ordena que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.