*Por Expediente Público
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este 15 de junio una resolución sobre la situación de crisis política y electoral en Nicaragua, condenando el “arresto, acoso y restricciones arbitrarias” contra aspirantes presidenciales, a los partidos políticos y medios de comunicación independiente.
La resolución la respaldaron 26 Estados, lográndose por primera vez la condena de tantos países del hemisferio a las acciones represivas de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
La OEA hizo clara advertencia al gobierno de Ortega y Murillo en que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua no cumplen con las condiciones para unas elecciones libres y justas a las que se han comprometido todos los Estados Miembros en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo cual pone en duda la legitimidad de las elecciones de noviembre” del 2021.
En la sesión virtual extraordinaria el Consejo Permanente solicitó la “inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”. Al menos cuatro aspirantes presidenciales entre ellos la periodista y exdirectora Cristiana Chamorro, el académico Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia están detenidos.
La resolución fue aprobada con 26 votos a favor, tres en contra entre los que están Honduras y el propio representante de Nicaragua, así como cinco abstenciones, entre ellos México y Argentina.
Los países que aprobaron la resolución se mostraron alarmados ante el “reciente deterioro del entorno político” y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluido el “uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política”.
El embajador Luis Alvarado, en representación del gobierno de Nicaragua, desaprobó la convocatoria del Consejo Permanente y rechazó la resolución aprobada.
“La declaramos desde ya inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su secretaria general en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua”, mencionó Alvarado.
No hay garantía para elecciones
La OEA establece que, debido a que Nicaragua no implementó, a partir de mayo de 2021, reformas electorales “acordes con las normas internacionales aplicables” existe una “grave preocupación” entre los Estados miembros de este foro porque no hay garantías de realizar en noviembre de 2021 elecciones “libres y justas”.
Por otro lado, se insta al gobierno de Daniel Ortega a que “sin demora” apruebe “medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales”, para que los nicaragüenses tengan las elecciones que esperan con observación nacional e internacional.