Marcos Carmona, director ejecutivo de la ilegalizada Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua (CPDH), alberga las esperanzas desde su exilio en Miami (Florida) de que Gobiernos como el de Estados Unidos y Canadá continúen “ejerciendo presión para que pueda volver la paz social” a su país.
“Hemos documentado que por solo decir ‘Viva Nicaragua libre’ simpatizantes del régimen le han quitado la vida a los ciudadanos. Los delincuentes de hoy en día son los que están controlando absolutamente todo, tenemos una Asamblea Nacional que ha creado leyes antidemocráticas”, denunció Carmona en una entrevista con la agencia EFE.
El activista se mostró satisfecho por que el pasado lunes la CPDH logró reabrir en Miami su filial, donde funciona desde el 2015 y tuvo que cerrar por la pandemia.
“A partir de este lunes reinauguramos la oficina. Vamos a atender a los nicaragüenses, pero no solo recibimos denuncias. Queremos ser un canal de comunicación para aquellos centroamericanos que sientan que se violan sus derechos humanos o sufran violencia doméstica y queremos también proteger los derechos de los niños”, señaló.
Carmona afirma que desde 2018, se han recibido en Estados Unidos alrededor de 600 denuncias de violaciones de los derechos humanos.
La CPDH fue despojada de su personalidad jurídica el pasado 20 de abril tras más de 40 años de funcionamiento. Era el último organismo defensor de los derechos humanos en Nicaragua tras el cierre en 2018 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH).
“El mismo 20 de abril, cuando se cumplían 47 años de la CPDH, nos despojaron de personalidad jurídica; lo hicieron premeditadamente”, dice Carmona, quien llegó a Miami el pasado 2 de mayo.
“Nos dijeron que iba a haber capturas, y, de hecho, todavía está encarcelada la doctora María Oviedo, que integra el equipo de la CPDH. En junio se cumplirá un año de estar presa en El Chipote”, denunció.
Según Carmona, “no queda más que ver y documentar lo que podamos hacer desde lejos. La Asamblea Nacional acaba de aprobar esta semana una ley por la que el ministerio público puede acusar a cualquier ciudadano por traición a la patria y abrir el proceso en ausencia y confiscar sus bienes”.