La abogada costarricense Marcia Aguiluz, directora legal para América Latina de la Organización Women’s Link Worldwide, señaló este lunes durante el Foro “Impacto de los decretos presidenciales de Costa Rica sobre refugio”, realizado por CISAS, que el Estado de Costa Rica no está cumpliendo con la totalidad de las 17 recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2019, respecto a la Migración forzada de personas nicaragüenses en ese país.
Durante el foro, la experta destaca que un problema como la migración requiere de respuestas integrales coordinadas y en ese sentido aclaró que puede entender que el gobierno de Costa Rica quiera llamar la atención de la comunidad internacional “porque hay una responsabilidad colectiva”.
A finales de noviembre pasado el gobierno tico firmó dos decretos que endurecen los criterios para otorgar la condición de refugiados a solicitantes extranjeros.
De acuerdo con el presidente Rodrigo Chaves, estas medidas se toman para evitar que se den “abusos”, pues señala que en los últimos cuatro años se han recibido 222.000 solicitudes de refugio, y no todos los solicitantes (cerca de un 90%) califican para esta protección internacional.
En ese aspecto, Aguiluz destacó siete recomendaciones que “no están siendo seguidas” y que por ello “constituyen retrocesos” en la materia.
- Implementar políticas y medidas accesibles que garanticen el ingreso al territorio a las personas nicaragüenses que requieren protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes.
- Garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas nicaragüenses con temor fundado de persecución de volver a Nicaragua, mediante procedimientos justos, ágiles y eficientes que garanticen el derecho a recibir asistencia para satisfacer, al menos, sus necesidades básicas, y contar con enfoques diferenciales.
- Generar un sistema adecuado de registro de ingreso, permanencia y salida de personas, el cual permita establecer estadísticas confiables de forma desagregada.
- Asegurar la gratuidad de los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado.
- Implementar medidas para promover la integración social y la resiliencia de las personas nicaragüenses, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social, desde el momento en que presentan su solicitud del reconocimiento.
- Permitir que las personas en necesidad de protección internacional puedan acceder al permiso laboral.
- Asegurar la atención médica en los sistemas de salud pública que garanticen la integridad personal tanto física como psicológica de las personas en necesidad de protección internacional, sin la necesidad de asegurarse a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Declaraciones del Presidente promueven la xenofobia”
Ana Quirós, directora de CISAS, expresó que personalmentela llenó de “muchísima rabia”, las afirmaciones del Presidente Chaves sobre que “quienes vienen (a Costa Rica) son una partida de mentirosos y que no están huyendo, sino que vienen para trabajar”.
“Evidentemente tienen que trabajar porque no van a vivir del aire. Quienes hemos salido, sabemos que no lo hicimos por voluntad propia. Estas declaraciones del Presidente lo que han hecho es promover la xenofobia, levantar más prejuicios y generar más dificultades para la gente que ya de por sí estaba en condiciones precarias”, declaró Quirós de nacionalidad costarricense y nicaragüense.
“Desafortunadamente este gobierno se ha caracterizado por disparar primero y preguntar después. Primero dan las declaraciones y después buscan cómo se justifican legalmente”, lamentó la activista.