Para el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) las recientes destituciones de magistradas, magistrados y de otros funcionarios judiciales “son el pleno resultado de años de subordinación voluntaria al orteguismo” y demuestra que Rosario Murillo “hace y se venga de quienes no le agradan o se salen de sus líneas autoritarias”.
En una declaración pública, CALIDH se refirió a la situación del Poder Judicial en Nicaragua y dijo que “observa con tristeza”, lo ocurrido en los últimos días en la Corte Suprema de Justicia, donde han sido destituidos la magistrada y presidenta Alba Luz Ramos, la magistrada Yadira Centeno y el magistrado liberal Virgilio Gurdián; también otros altos cargos.
En ese sentido, el Centro argentino sostuvo que “no ha existido un Poder Judicial que pueda garantizar y tutelar los derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente, desde 2018”, y que “la parcialización absoluta de los magistrados judiciales, ubicó a la población masacrada en la desprotección absoluta”.
“Lo que acontece hoy, sobre todo a las magistradas Ramos y Centeno, es el resultado de ser el brazo abusivo del orteguismo legitimando inmensos actos de corrupción, leyes inconstitucionales y castigando a la población”, anotó.
“Las magistradas ahora sufren los efectos de haber construido una red judicial de represión contra los presos políticos y por darle la espalda a la sociedad en 2018. La Corte Suprema tuvo la oportunidad de declarar la ilegalidad criminal de los actos del régimen y de contribuir a conducir al país hacia la democratización”, añadió.
CALIDH afirma que “ahora queda en evidencia pública lo que ya se sabía: en un régimen dictatorial todas las atribuciones estatales están concentradas”.
“No hay ningún golpe de Estado, sólo la confirmación de que Murillo hace y se venga de quienes no le agradan o se salen de sus líneas autoritarias. Si bien los funcionarios depuestos, como todos los seres humanos merecen un juicio justo, su sumisión resulta en que ni siquiera los propios tribunales que presidían los puedan tutelar. La destrucción del Poder Judicial se hizo en contra de ellos”, concluyó CALIDH, organismo argentino fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz.