El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) presentó su más reciente informe Perspectivas 175 en el que aborda los diferentes mecanismos de persecución y “castigo” contra los disidentes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El informe Perspectivas consigna que en Nicaragua el régimen Ortega – Murillo además de cometer crímenes de lesa humanidad, están utilizando métodos excepcionales de “castigo” a quienes consideran enemigos.
“No les ha bastado con perseguir a decenas de miles de nicaragüenses para que se desplacen de manera forzada durante los últimos cinco años, sino que desde 2022 y particularmente desde febrero de 2023 comenzó a imponer el destierro y la desnacionalización a un grupo importante de personas”, menciona el centro de pensamiento.
En ese sentido, menciona que durante el 2022 impidió a familiares de personas prisioneras políticas para que salieran o ingresaran al país; también utilizó esa práctica con algunos líderes sociales y personas reconocidas. “En febrero de 2023 decidió excarcelar a 222 personas prisioneras políticas que se encontraban en diferentes centros penales, pero negoció con Estados Unidos enviarlos a ese país, pocos días después anunció el despojo de nacionalidad a 94 personas más, la mayoría de ellas ya se encontraban en el exilio”.
“Desde entonces se han incrementado los casos de nicaragüenses a quienes les impiden entrar al país o son expulsados de manera arbitraria sin ninguna justificación, en una clara violación de sus derechos ciudadanos. Eso ha sucedido, por ejemplo, con numerosos sacerdotes y religiosas. Los últimos desterrados son doce clérigos que se encontraban prisioneros y fueron enviados a El Vaticano por el régimen de los Ortega-Murillo”, apuntó.
Agrega que “el destierro y la desnacionalización es una modalidad de represión que ha sido rechazada por numerosos países y de acuerdo con expertos constituye una violación gravísima de derechos humanos que no es empleada por otros gobiernos autocráticos en el mundo”.
“Para las personas directamente afectadas, se requieren medidas excepcionales de protección de parte de gobiernos y organismos de derechos humanos por la situación que representa para ellas. Al aplicarla, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se coloca completamente fuera del respeto de los derechos humanos”, concluye CETCAM.