El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) dijo este viernes 24 de noviembre que la ley aprobada ayer en la Asamblea Nacional que reduce la indemnización por antigüedad a los trabajadores del Estado en caso de renuncia, es “ilegal” y es “una traición a los trabajadores” estatales.
“El régimen, aprovechado que nadie puede protestar, aprobó una reforma que transgrede el derecho a una indemnización tal como lo establece hasta ahora el Código del Trabajo”, criticó hoy el Centro, fundado en Argentina por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz.
Para CALIDH “las luchas de los trabajadores alcanzaron el reconocimiento de la indemnización por años de servicio y no por periodos de servicio” y “esta imposición es inconstitucional e ilegal porque no se puede retroceder en los derechos adquiridos”.
“El Centro observa que esta reforma es una traición a los trabajadores, por parte de un gobierno que dice ser socialista. Pero es neoliberal en sus medidas, peor a los que criticaban desde 1990. El régimen no tiene ideología, es dolarista”, aseveró.
La denomina “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, promovida por el orteguismo establece una nueva tabla de indemnizaciones según la cantidad de años de servicio continuo, que recorta el pago de la liquidación en detrimento de los empleados del sector público que decidan renunciar a sus puestos.
La nueva normativa, aprobada de forma unánime, señala que los trabajadores del Estado que decidan renunciar tendrán derecho a su liquidación a partir de los tres años de servicio continuo, y no a partir del primer año, como era hasta ahora.
CALIDH considera que esta reforma busca imponer “aún más el terror en los trabajadores estatales al alargar más sus estancias en las estructuras estatales y buscar cómo corregir la deriva desastrosa del INSS. Además, de posibles despidos masivos”.
“El Centro condena la sumisión absoluta de la CST y FNT. A diferencia de las masivas protestas en los débiles gobiernos democráticos, hoy traicionan a sus afiliados. Gustavo Porras es el máximo autor de esta traición contra los estatales”, insistió.
“CALIDH hace notar a los trabajadores del Estado que de nada sirvió masacrar a la población civil en 2018, porque el Estado les ha recortado estos derechos que miles de trabajadores con justicia lucharon en los 90”, añadió.
El Centro “sugiere a los trabajadores estatales que se rebelen contra el régimen. Este es un derecho humano legítimo contra una tiranía que violenta gravemente a los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional”, concluyó.
PAGO DE INDEMNIZACIÓN
Los trabajadores del sector público que tengan de 3 a 10 años de servicio continuo obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria, según la nueva normativa.
Los empleados estatales que renuncien con 10 a 15 años de servicio continuo recibirán dos meses de salario; los de 15 años a 20 años, la indemnización será el equivalente a tres meses de salario; y los que acumulen 20 años o más recibirán el equivalente a cinco meses de salario, de acuerdo a la nueva ley.
Es decir, con la nueva ley, los trabajadores del Estado que lleven menos de tres años y renuncien no recibirán nada en concepto de antigüedad, y los que aspiren a la indemnización máxima, de cinco meses de salario y que antes se obtenía con seis años de trabajo, tendrán que laborar ahora 20 años o más.
El nuevo cálculo de la antigüedad aplica para “todos los trabajadores del sector público, sean estos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe”.