Juristas y defensores de Derechos Humanos consultados por La Mesa Redonda, señalaron que la dictadura de Daniel Ortega está cometiendo un crimen de lesa humanidad al prohibir a nacionales retornar a Nicaragua.
En los últimos años, la dictadura ha prohibido que nicaragüenses vuelvan a Nicaragua tras realizar viajes al extranjero por razones familiares, de trabajo o de salud, por considerarlos “golpistas”.
El caso más reciente es el de Ana Salinas, hermana del periodista nicaragüense Carlos Salinas Maldonado, actualmente exiliado en México, quien tenía planeado regresar a Nicaragua el 15 de diciembre, luego de visitar a su hermano, pero el régimen le prohibió el ingreso, según denunció Alertas Libertad de Prensa Nicaragua.
“Ana se preparó para su retorno y este 15 de diciembre se presentó a las oficinas de la aerolínea, donde le indicaron que por disposición del gobierno de Nicaragua no podría ingresar a su país.Condenamos esta acción arbitraria de parte de las autoridades gubernamentales, pues violenta el Artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua que garantiza la libre movilización de la ciudadanía”, indicó Alertas.
Al respecto, el jurista nicaragüense Uriel Pineda, experto en Derechos Humanos, aseguró que todo ciudadano tiene derecho a la “libertad de circulación que implica el derecho de entrar y salir del país cuando te plazca sin mayor impedimento” más que el uso de documento de viaje.
El jurista señaló que “la prohibición de ingreso al país es equiparable a un desplazamiento forzado, que es la prohibición o coacción hacia una persona de prohibirle estar donde tiene derecho a estar sin fundamento legal del derecho internacional de los derechos humanos. Eso significa que cualquier actuación arbitraria en ese sentido, es desplazamiento forzado”.
“Cuando desplazás a una persona es una violación al domicilio, pero si lo hacés como parte de una política de Estado o política de persecución o castigo a personas o familiares de personas que también han sido desplazadas o que sufren persecución, entonces ya no solo estamos ante una violación a derechos humanos, sino una continuidad de un crimen de lesa humanidad”, explicó Pineda, actualmente exiliado en México.
Por su parte, el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) apuntó que “los Estados no tienen facultad de prohibir el ingreso de sus ciudadanos porque hay un principio jurídico que establece que la ciudadanía es el vínculo jurídico con el Estado, eso genera la protección legal del Estado”.
“El actual estado del derecho internacional establece que no se puede prohibir la entrada de los nacionales, ni siquiera de aquellos que cometieron delitos. Migración no tiene la autoridad para rechazar a un nacional. La expulsión es ilegal y los motivos también son ilegales”, declaró el abogado residente en Argentina.
Ramírez-Ayérdiz llamó a las personas que han sido víctimas del orteguismo a informar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).