Trabajadores que laboraban en la comercializadora de café CISA Exportadora de Matagalpa, denunciaron a La Mesa Redonda que a más de un mes que esta empresa anunciara su quiebre y respectivo cierre de operaciones en el país, sus más de 900 colaboradores no han recibido ni pago ni liquidación.
El 6 de diciembre de 2023, CISA Exportadora, integrada en el Grupo Mercon, que pertenece al millonario nicaragüense José Antonio Baltodano Cabrera, suspendió sus operaciones en Nicaragua. Un día después Mercon Coffee Group confirmó su bancarrota.
Mercon Coffee Group decidió adherirse en lo que en Estados Unidos se conoce como “Capítulo 11” de bancarrota, en la que se le permite a las empresas una liquidación ordenada para que esta pueda honrar sus obligaciones con los acreedores.
“La empresa ya no posee la financiación necesaria para continuar con las operaciones y, tras evaluar todas las opciones, la junta directiva ha decidido solicitar protección bajo el Capítulo 11 del código de Bancarrota de los Estados Unidos como la mejor alternativa para proteger los activos de la empresa”, señaló la empresa en un comunicado.
Explicó en ese momento que “el proceso de quiebra, que aún está en curso, permitirá a Mercon continuar operando para facilitar una reestructuración o un proceso de liquidación ordenado y justo que maximice el valor para las partes interesadas involucradas, incluidos empleados, productores, clientes, proveedores de servicios y más”.
Sin embargo, los trabajadores señalan que más de 900 personas están afectadas y que desde el 31 de diciembre no se les permite la entrada a la empresa y que “nadie da la cara para resolver los pagos o liquidación”.
Sobre una posible liquidación a la mayoría de los trabajadores “lo único que se rumora es que están en auditoría, pero la jefatura no da la cara y no se sabe quién responde hoy en día por los trabajadores”, indicaron.
No obstante, señalan que a ninguno se le ha despedido, pero que tampoco saben dónde poner su renuncia, o si se buscan otro empleo, ante el temor de arriesgar su liquidación.
Añadieron que en el Ministerio del Trabajo (MITRAB) no les dan información, por lo que se sienten “en el aire sin liquidación ni trabajo”.
Se conoce que la Policía se tomó las oficinas y beneficios de la empresa.