Nicaragua cerró el 2023, con nuevas formas de represión, ataques y amenazas a la libertad de prensa: destierros, confiscaciones, detenciones ilegales, y el acoso a los familiares de periodistas exiliados prevalecieron durante el año, según el informe anual presentado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Los datos en el informe, confirman que el ejercicio del periodismo independiente continúa bajo ataque, perseguido y criminalizado, y que el país se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para ejercer periodismo en la región centroamericana.
86 casos en el 2023
Durante 2023, FLED documentó un total de 50 alertas de casos de violaciones a la libertad de prensa, las cuales se tradujeron en 86 ataques. El total de casos fue registrado en contra de 64 víctimas, de las cuales 22 son del género femenino que representan el 34.4 %, y 42 personas del género masculino, equivalentes al 65.6 %.
También figuran entre las víctimas 2 radios comunitarias en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) cerradas en septiembre pasado.
El 97.7 % de las violaciones a la libertad de prensa en el 2023, se produjeron en contra de personas naturales y el 2.3 % sobre personas jurídicas.
Los principales patrones de agresión en el 2023 fueron: Agresiones y ataques con 33 casos, que representan el 38.4 % del total reportado; uso abusivo del poder estatal, 26 casos que equivalen al 30.2% de las agresiones documentadas y el uso del discurso estigmatizaste, con 22 casos, para un 25.
Así mismo, revela que el Estado de Nicaragua sigue figurando como el principal agresor con 52 agresiones que representan más del 60% de los 86 casos documentados; seguido de los grupos paraestatales con 26 agresiones para un 30.2%.
“Como FLED, llamamos al Estado de Nicaragua y a cada uno de sus funcionarios a garantizar un país seguro para la práctica periodística, en el que se permita el cuestionamiento y fiscalización sin represalias. Recordamos que el periodismo independiente es necesario para la sociedad y que la información es un derecho de los ciudadanos”, señaló la Fundación.