Más de 20 organizaciones expresaron su “profunda preocupación” por la reciente reforma a la Constitución Política de Nicaragua, la cual, restructura el Estado, concentrando el Poder en la figura de “Co-presidentes” y con ello, anula, constitucionalmente, la división de poderes.

La reforma, además consolida el cierre del espacio cívico, eliminando la libertad de expresión y religión, y asegura impunidad para perpetradores de violaciones a derechos humanos.

El 22 de noviembre de 2024 se aprobó “la reforma parcial” de la Constitución Política de Nicaragua con la cual se modifican más de 100 artículos de su Carta Magna. Esta es la 12va reforma constitucional propuesta por el dictador Daniel Ortega desde que se encuentra en el poder.

“Uno de los elementos más alarmantes de la reforma es la concentración del poder en la figura de la ‘Co-presidencia’ a la que se le otorga el rol de ‘coordinación’ de los órganos legislativo, judicial y electoral del Estado, a los cuales no considera como poderes independientes, además de otras entidades”, señalaron las organizaciones firmantes.

“Alertamos que asegurar impunidad para las violaciones a derechos humanos es un elemento clave en estas reformas. En el nuevo texto se elimina el derecho a no ser torturado, alentando la continuidad de la comisión de tal delito”, añaden.

Las organizaciones firmantes también advierten que “los policías voluntarios” actúan con la aquiescencia, el apoyo y la protección de las fuerzas estatales. “Existe múltiple evidencia sobre la actuación de estos grupos en la comisión de las graves violaciones a derechos humanos en contra de la población nicaragüense”.

“Llamamos la atención sobre el cierre absoluto del espacio cívico y las restricciones a cualquier libertad. Las reformas supeditan el ejercicio de derechos al mantenimiento de los valores supremos de la paz y la seguridad.; cualquier acto que se considere como una afrenta a estos valores, implica la disminución o pérdida de derechos”, anotan.

También “se fortalecen los controles sobre los medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil, tanto fuera como dentro de Nicaragua. Además, desde las reformas del pasado septiembre, se avala el uso excesivo e indebido del sistema penal para reprimir a cualquier persona opositora o percibida, al eliminar garantías judiciales mínimas”.

“Evidenciamos una escalada alarmante sobre el control y despojo de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. En el nuevo texto constitucional, se impone un mayor control sobre estos pueblos para decidir sus formas de gobierno y organización, instrumentalizando la autonomía al momento de llevar a cabo las consultas, quedando estas sujetas a una aprobación única por parte de los gobiernos regionales y no por parte de las comunidades”, continuaron.

Las organizaciones firmantes solicitan a la comunidad de Estados: mantener la vigilancia sobre Nicaragua y reforzar su apoyo a las comunidades indígenas y afrodescendientes, organizaciones y movimientos sociales.

“Solicitamos valorar la activación de los mecanismos diplomáticos para incidir en la urgencia del retorno a la democracia en Nicaragua, y asegurar que los relacionamientos comerciales y financieros se condicionen al estricto cumplimiento del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos y acceso a la justicia”, demandaron.

A las entidades financieras, piden “implementar políticas y directrices que establezcan disposiciones en materia del respeto y garantía de la democracia, seguridad jurídica y derechos humanos, que supediten el otorgamiento de préstamos y créditos a que el Estado de Nicaragua cumpla con dichas disposiciones, en consonancia con los más altos estándares de derechos humanos”.

A los organismos internacionales de derechos humanos, solicitan “continuar y reforzar la documentación sobre las vulneraciones a los derechos humanos de la población nicaragüense tanto dentro como fuera del país; abordar integralmente a través de sus informes y pronunciamientos la continuidad de las violaciones a derechos humanos, con enfoque interseccional y énfasis en las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad como niñez, mujeres, disidencias sexuales y pueblos indígenas y afrodescendientes; visibilizar e informar a la comunidad internacional a través de sus mecanismos sobre el recrudecimiento de la represión transfronteriza y las violaciones a derechos humanos en Nicaragua”.

El pronunciamiento es firmado por:

Alerta Venezuela

Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local

Asociación para el Desarrollo Indígena Social

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Civil Rights Defenders

Colectivo Nicaragua Nunca Más

Equipo Jurídico por los Derechos Humanos

Federación Internacional por los Derechos Humanos

Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos

Iniciativa Universitaria por Nicaragua

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

La Mesa Redonda

Movimiento Autónomo de Mujeres

Organización Mundial Contra la Tortura

Peace Brigades International

Red de Mujeres Pinoleras

Red Internacional de Derechos Humanos Europa

Unamos

Unidad de Defensa Jurídica

Unidad Nacional Azul y Blanco

Urnas Abiertas

Washington Office on Latin America (WOLA)