El dictador Daniel Ortega ha intensificado la represión contra opositores y ha ampliado el uso del exilio forzado y la revocación de la ciudadanía como formas de atacar a sus críticos, señala el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado el jueves.
El dictador nicaragüense de 79 años y su esposa Rosario Murillo, también sigue cerrando organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, y aplicando otros métodos sistemáticos de censura y persecución contra críticos y opositores, según ese informe.
En noviembre pasado -indica HRW-, Ortega propuso una reforma constitucional que amplía sus poderes y limitará los derechos fundamentales.
Esos cambios establecerán una “copresidencia” con Murillo y les otorgarían el poder de “coordinar” los demás poderes del Estado.
Esa enmienda, según HRW, parece diseñada para brindar cobertura legal a muchas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen, como privar de la nacionalidad nicaragüense a los llamados “traidores a la patria”, y censurar a la prensa.
El informe de HRW recuerda que en septiembre pasado el régimen sandinista expulsó a 135 presos políticos a Guatemala y los despojó de su nacionalidad y de sus bienes, “violando el derecho internacional”.
Más de 450 personas han sido privadas de la nacionalidad nicaragüense desde febrero de 2023 y muchas han quedado apátridas, según ese organismo.
Asimismo, el informe alerta de que una reforma al Código Penal permite procesar a los nicaragüenses que están en el extranjero y que sean acusados de cometer delitos de “criminalidad organizada” en Nicaragua.
Esa ley, apunta HRW, podría abrir la puerta para procesar a críticos en el exilio, incluidos aquellos que el régimen ha expulsado.
Sobre la libertad de religión, señala el informe, el régimen ha intensificado su campaña contra las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica.
Desde octubre de 2023, la dictadura en Nicaragua ha obligado a exiliarse a más de 200 figuras religiosas, las ha deportado o ha prohibido su regreso al país.
En su informe, HRW advierte además que los defensores de derechos humanos, periodistas y críticos son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, acoso, vigilancia, campañas de difamación en línea, detención arbitraria, procesamiento, privación de la nacionalidad, expulsión y denegación de entrada a Nicaragua.
El régimen ha cerrado más de 5.600 ONG, de las cuales 1.500 cerraron en un solo día de agosto. Estas representan casi el 80 % las ONG que operan en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles de 2018.
También ha cerrado al menos 58 medios de comunicación desde 2018, y entre enero y junio de 2024, 26 periodistas huyeron del país, con lo que el número total de trabajadores de medios que han huido de Nicaragua desde 2018 asciende a 263, según el reporte.
En tanto, los líderes indígenas y afrodescendientes enfrentan campañas de difamación, vigilancia, acoso, detenciones arbitrarias, procesamientos por motivos políticos y prohibiciones de entrada a Nicaragua.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, documentó 67 incidentes violentos contra pueblos indígenas en los territorios miskitu y mayangna desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, incluidos asesinatos, lesiones, violencia sexual y secuestros.
El informe también señala que Nicaragua se ha convertido en un importante punto de tránsito para migrantes y solicitantes de asilo que se dirigen a Estados Unidos.
*EFE