El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) pidió al gobierno del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, su “intervención humanitaria urgente” a favor de 40 desterrados nicaragüenses y familias en ciertos casos, ante el “peligro inminente de quedar en situación de indigencia, hambre y ausencia de asistencia de salud” en Guatemala.
El grupo de 40 nicaragüenses excarcelados por el régimen de Daniel Ortega en 2024 se encuentran varados en Guatemala, tras la decisión de Estados Unidos de rechazar su solicitud de asilo.
A través de una carta firmada por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, Secretario ejecutivo de CALIDH, se le pide al gobierno de Guatemala que al ser “receptor extraordinario de los 135” desterrados nicaragüenses, “tiene la obligación de integración y protección, inclusive, que tienen los países de tránsito, hasta que estos logren regular su situación migratoria”.
“El ACNUR ha avisado a la mayoría de estos expresos políticos y apátridas que su asistencia humanitaria finalizará el 31 de enero. Ante este panorama de extrema gravedad y urgencia, en términos políticos, apelo a la solidaridad y el humanismo que prevalece en su gobierno y sus discursos”, solicita CALIDH.
El organismo señala que esta protección “incluye el amparo en condiciones de dignidad en cuanto al alojamiento, alimentación y sostén médico oportuno y urgente de quienes lo necesiten”.
En ese sentido, CALIDH señala que ha recibido información de “negación de atención en los hospitales públicos”, lo que “se agrava porque en el grupo que se encuentra aún en Guatemala están adultos mayores, niños, adolescentes y varias personas con secuelas graves de la tortura a los que los sometió el Estado de Nicaragua en las cárceles, centros clandestinos de detención y establecimientos policiales”.
CALIDH también pide al presidente Arévalo que se establezcan “políticas ordenadas y coordinadas para atender a estas personas que se encuentran en una extrema vulnerabilidad e incertidumbre y, ante ello, que se proceda a acogerlos antes de que queden en el desamparo”.
Asimismo que “establezca todas las conversaciones posibles con el ACNUR para abordar este asunto y con cualquier otra agencia competente de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos”.
“Finalmente, quisiera pedirle que en los casos de las personas que decidan quedarse en Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración, atendiendo la situación extraordinaria arriba referida, extienda los documentos de refugio y permisos de trabajo de forma rápida y oportuna que permitan la integración en la vida laboral de los solicitantes. También que las familias con hijos en edad escolar o universitaria no enfrenten barreras administrativas abusivas que dificulten la incorporación efectiva, sin más requisitos que los establecidas en la ley”, concluyó CALIDH.