La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su “profunda preocupación” por la aprobación hoy de la reforma constitucional en Nicaragua, presentada en noviembre de 2024 por el dictador Daniel Ortega.
“La reforma constitucional concentra aún más el poder en la Presidencia, que pasa a coordinar los órganos legislativo, judicial y electoral, mientras que elimina el artículo que garantizaba explícitamente la separación de poderes, junto con la referencia al pluralismo político. Asimismo, la reforma restringe la libertad de expresión y de prensa basándose en criterios vagos e indefinidos de bienestar, elimina el derecho a la huelga, debilita garantías procesales esenciales tales como el derecho a ser informado de los cargos y defensa adecuada y elimina la prohibición explícita de la tortura”, señaló la OACNUDH en una declaración.
El 22 de noviembre de 2024, Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, había instado a los legisladores de facto a rechazar la reforma debido a las serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
En su comunicado, subrayó que esta reforma “supondrá la muerte de las libertades fundamentales y del Estado de derecho en Nicaragua, socavando aún más los ya frágiles controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo”.
Según Andrés Sánchez Thorin, representante encargado de OACNUDH para la región, estos cambios podrían “afectar gravemente las garantías de unas elecciones libres y justas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.
“El pluralismo político es una garantía esencial para que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes. Las personas deben ser libres de apoyar u oponerse a diferentes opciones políticas sin temor a la manipulación o la influencia indebida que afecte su autonomía”, expresó.
OACNUDH también ve con preocupación las disposiciones que permiten la pérdida de nacionalidad por el delito de traición a la patria, definido además en términos amplios, lo cual institucionaliza la práctica ya existente de despojar de su nacionalidad a personas consideradas opositoras políticas, dejando a estas personas en situación de apatridia. La reforma, junto con leyes aprobadas en los últimos meses de 2024, refuerzan mecanismos de control y represión tanto nacionales como transnacionales contra individuos y organizaciones.
OACNUDH reitera que la reforma constitucional aprobada vulnera las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua y urge al Estado a revisarla para garantizar la separación de poderes, el pluralismo político y las libertades fundamentales, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.
Asimismo, OACNUDH reitera su disposición para ofrecer asistencia técnica en la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos.