El abogado experto en inmigración, Harold Rocha, ofreció un análisis profundo sobre la situación actual de las deportaciones en Estados Unidos, haciendo especial énfasis en el impacto de las políticas migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump, y los riesgos que enfrentan los nicaragüenses y otros migrantes.
Según Rocha, la reciente promulgación de la Ley Laken Riley, una legislación impulsada por el Partido Republicano que exige la detención de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos y que fue firmada el 29 de enero por Trump, amplía el universo de personas sujetas a deportación o detención obligatoria, lo que genera un clima de incertidumbre y temor entre la comunidad inmigrante, especialmente aquellos que han llegado a Estados Unidos de manera irregular.
“Antes de esta ley, estaba sujeto a la discreción o a discrecionalidad de parte de los jueces, tanto estatales como federales, dependiendo caso. Pero hoy es obligatorio para las autoridades hacer eso. Y eso tiene impacto también en las ciudades santuarios porque obviamente ya es ley federal; entonces no es algo que se pueda dejar de cumplir”, explicó Rocha.
La ley amplía las condiciones bajo las cuales las personas pueden ser detenidas y deportadas, incluso aquellas sin antecedentes penales, lo que ha incrementado la preocupación de quienes se encuentran en el país sin estatus migratorio regular.
Rocha destacó que uno de los aspectos más problemáticos de estas políticas es la falta de un enfoque equilibrado entre el cumplimiento de la ley y la necesidad de recibir a migrantes, especialmente en un contexto de creciente movilidad global.
En este sentido, el abogado señaló que Estados Unidos, si bien cuenta con una economía que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, está endureciendo las leyes de manera progresiva desde la década de 1980, lo que ha generado una presión sobre los migrantes, sin que se hayan logrado soluciones a largo plazo para regularizar su situación.
A medida que la administración Trump implementa nuevas restricciones y amenazas de deportación masiva, Rocha subrayó que, en el caso de los nicaragüenses, se estima que alrededor de 47,000 personas estarían de forma irregular. Sin embargo, la situación es aún más compleja para aquellos que han perdido su estatus migratorio o no se han presentado a citas migratorias, ya que muchas de estas personas podrían tener derecho a presentar una solicitud de asilo o a revisar su caso para revertir la orden de deportación.
El abogado también abordó el tema de las alternativas legales disponibles para quienes enfrentan la deportación. En este sentido, resaltó que algunos inmigrantes pueden solicitar asilo político si logran demostrar que regresar a su país de origen les pondría en riesgo. Sin embargo, los requisitos para obtener asilo son estrictos y deben basarse en una persecución bien documentada y un temor fundado de sufrir daños graves si regresan a Nicaragua.
“Quienes tengan orden de aportación, muchos de ellos podrán probablemente pedir una revisión de sus casos, eso no siempre es garantizado, pero se puede ver las razones por las cuales tienen esa orden y algunos lo lograrán y tendrán éxito. Habrá otros que probablemente puedan solicitar a asilo político, si es que no lo habían hecho y la orden de deportación está por ejemplo porque no se presentaron para una cita, entonces pueden pueden nuevamente presentar su solicitud asilo, siempre y cuando puedan fundamentarla”, explicó Rocha.
Además, Rocha destacó que la situación de los inmigrantes, especialmente los nicaragüenses, es compleja debido al miedo generalizado que existe dentro de las comunidades migrantes. Este temor ha llevado incluso a padres a evitar que sus hijos asistan a la escuela o a dejar de buscar atención médica por miedo a que sus estatus migratorios sean revelados.
“Son tiempos muy convulsos, son tiempos muy duros y hay que asegurarse de muchas cosas, primero de informarse lo mejor que puedan, contrastar la información para asegurarse, porque hay mucha desinformación y mala información por ahí. No dejarse llevar por el miedo y vencer ese miedo precisamente contando con esas herramientas que están disponibles”, destacó.
Rocha concluyó su análisis destacando que, a pesar de las políticas migratorias más estrictas, la situación actual no es irreversible. La clave está en la preparación, la correcta asesoría legal, y la utilización de todos los recursos disponibles para enfrentar “la tormenta” de deportaciones que se avecina.
“Yo creo que es una tormenta y la tormenta pasará, no es eterna; pero de momento hay que cuidarse y hay que cuidarse mucho”, recomendó.