El Parlamento Europeo aprobaría mañana jueves 13 de febrero, una resolución en la que pide a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abrir investigaciones a través de la Corte Penal Internacional (CPI) contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
“Debate y resolución sobre la represión en Nicaragua. La represión del régimen nicaragüense, en particular contra los activistas de derechos humanos, la oposición y las comunidades religiosas, centrará un debate en el pleno el miércoles”, reza un comunicado publicado en el sitio web del Parlamento Europeo.
“El jueves, los eurodiputados adoptarán una resolución detallando su posición. Este será el primer pronunciamiento del PE sobre la situación en Nicaragua desde el inicio de la legislatura, en julio de 2024. En la anterior legislatura (2019-2024), el PE adoptó siete resoluciones denunciando la deriva autoritaria y la persecución de la disidencia por parte del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo”, añade la publicación.
Esta solicitud se produce tras un intenso debate sobre la represión en Nicaragua, celebrado este miércoles, en el que siete grupos parlamentarios presentaron sus propuestas de resolución, según el portal Despacho 505.
La propuesta principal fue formulada por el Grupo Parlamentario Popular Europeo (PPE), el mayor bloque del Parlamento, con 188 escaños, y pide el inicio de investigaciones formales contra los dictadores nicaragüenses.
Esta resolución también ha sido respaldada por otros grupos parlamentarios, como el Grupo Patriotas por Europa (84 escaños), que insta a la UE y sus miembros a apoyar las investigaciones que conduzcan al procesamiento de Ortega y Murillo.
Los Verdes, con 53 escaños, han pedido que la UE exija responsabilidades a las autoridades nicaragüenses, incluso a través de mecanismos de jurisdicción universal, y que se explore la posibilidad de imponer sanciones por violaciones a las convenciones internacionales, como la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia y la Convención de 1984 contra la Tortura.
Además, exigen la liberación de más de 45 presos políticos aún detenidos en Nicaragua.
En la misma línea, los eurodiputados del Partido Popular reiteraron su solicitud de que el Consejo de la UE amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Ortega y su círculo más cercano.
Además, pidieron que se establezcan garantías específicas para asegurar que los fondos europeos no fortalezcan al régimen nicaragüense, especialmente a través de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La resolución también propone activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica, un llamado respaldado por el grupo Renew Europa, que cuenta con 77 escaños.
Apoyo a la sociedad civil y los derechos humanos
Por otro lado, los Socialistas, la segunda fuerza del Parlamento, pidieron a la UE y sus Estados miembros que refuercen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos tanto dentro de Nicaragua como en el exilio.
También instaron a intensificar los esfuerzos para acoger, proteger y ayudar a los nicaragüenses desplazados y expulsados del país.
Los eurodiputados también han expresado su desaprobación por las reformas constitucionales recientes en Nicaragua, que otorgan al régimen un poder absoluto y desmantelan la separación de poderes.