La Asamblea Nacional controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó este jueves 27 de febrero de 2025, una nueva ‘Ley de Identificación Ciudadana’ que buscaría consolidar el control sobre la población nicaragüense.
Con 90 votos a favor y sin ninguna oposición, esta nueva ley impone un sistema único de identificación para todos los ciudadanos desde su nacimiento hasta su defunción. Es decir, ahora todos los menores de 16 años tendrán un “número único de identificación”.
La ley establece la creación de un “número único de identificación”, gestionado por la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, dependiente del Consejo Supremo Electoral (CSE). Este número será obligatorio para todos los nicaragüenses y se vinculará a los trámites ante cualquier entidad pública o privada, consolidando un sistema de vigilancia permanente sobre la ciudadanía.
“Artículo 2. Con el fin de establecer una identificación personal única, la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas del Consejo Supremo Electoral creará un número único de identificación para cada nicaragüense desde su nacimiento, que será la referencia en todos los trámites que sean efectuados ante todas las entidades públicas o privadas. Este número debe estar en la base de datos de estas entidades y debe ser visible en todo documento emitido por las mismas. El número único que identifica a una persona no puede variar. El Registro del Estado Civil de las Personas vigilará el mantenimiento y la actualización permanente y progresiva de los hechos vitales y actos jurídicos de las personas, como: nacimientos, defunciones, matrimonios, unión de hecho estable, divorcios, inscripción de hijos e hijas, entre otros”, reza la normativa.
Documento de identificación para menores
Una de las novedades de esta ley es la creación del Documento de Identificación para Menores, destinado a los niños desde su nacimiento hasta los 16 años.
Este documento, que tendrá una validez escalonada según la edad del menor, se diferenciará de la Cédula de Identificación Ciudadana, que será exclusiva para mayores de 16 años.
El proceso de obtención de este documento está vinculado al registro de nacimiento, y su posesión no influirá en la autoridad parental, ya que puede ser solicitado por los padres o tutores del menor.
“Se establece su vigencia, en los siguientes rangos de edad: a) De 0 hasta los 6 años no cumplidos. La fecha de vencimiento será el día que el o la titular cumpla seis años. b) De 6 hasta los 13 años no cumplidos. La fecha de vencimiento será el día que el o la titular cumpla trece años. c) De 13 hasta los 16 años no cumplidos. La fecha de vencimiento será el día que el o la titular cumpla dieciséis años”, detalla el artículo 10.
Cédula de identificación ciudadana obligatoria
La Cédula de Identificación Ciudadana será obligatoria para todos los nicaragüenses a partir de los 16 años. Este documento será esencial para una serie de trámites legales y administrativos, desde gestiones académicas hasta actos políticos.
De acuerdo con el Artículo 14, la cédula será indispensable para realizar cualquier trámite ante entidades públicas o privadas, lo que le otorga un poder centralizador y de control a la administración orteguista.
Asimismo, la nueva ley establece que la Dirección General de Identificación será responsable de asegurar la veracidad de los documentos de identidad. En caso de existir “dudas razonables” sobre la autenticidad de la información proporcionada por el solicitante, la cédula no será emitida.
Además, la ley otorga facultades a la Dirección General de Identificación para gestionar y actualizar de manera constante los datos sobre los ciudadanos, incluyendo cambios en su estado civil, nacimiento, defunción, matrimonio y otros actos legales.
La aprobación de la Ley de Identificación Ciudadana llega en un contexto de creciente represión por parte del régimen de Ortega y Murillo.
Organizaciones internacionales de derechos humanos y sectores opositores han denunciado el control y manipulación política detrás de este tipo de medidas. La posibilidad de un sistema de identificación único que centraliza toda la información sobre los ciudadanos es vista como un paso más hacia el autoritarismo.