La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este jueves que retira a Nicaragua de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que instó a demandar a los dictadores ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por privar de la nacionalidad a nicaragüenses.
“El Gobierno de la República de Nicaragua transmite con dignidad y decencia su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites”, reza un comunicado firmado por la Cancillería Orteguista.
La dictadura Ortega-Murillo acusa al Consejo de Derechos Humanos, de “violar su propia normativa”, pues a su juicio el informe presentado carece de “objetividad, imparcialidad y no selectividad”, con lo que lo tilda de “doble rasero y la politización”
“El informe del autodenominado Grupo de Expertos, que Nicaragua no lo reconoce… son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos, que cotidianamente instrumentalizan los Derechos Humanos, usándolos como pretexto para la injerencia en los asuntos internos de los Estados irrespetando su soberanía”, señala la dictadura.
Asimismo, acusa al Alto Comisionado y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de “convertirse en la caja de resonancia de quienes atentaron y continúan atentando contra la paz y la tranquilidad y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes en contra del pueblo nicaragüense”.
Informe de la ONU
La investigación y toda la información reunida por el Grupo de Expertos señalan que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo “han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario”, donde ya no quedan instituciones independientes, ni voces disidentes porque éstas han sido silenciadas tras una persecución que va más allá de las fronteras del país.
Asimismo, los expertos señalaron que algunas de las violaciones que figuran en este último informe siguen los patrones previos de crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos.
Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestra que el ejército nicaragüense participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
En este sentido, el Grupo indicó que ha elaborado una lista de personas que -además de Ortega y Murillo- considera responsables de esas violaciones y crímenes, y que será hecha pública antes de que concluya la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, el próximo 4 de abril.
Por ello, recomienda que se tomen acciones legales contra el Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.