La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) dio a conocer el fin de semana su reciente informe del Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa, el cual revela un total de 78 agresiones desde el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2025, la mayoría de ellas perpetradas por funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El informe detalla que 64 de estas agresiones afectaron directamente a periodistas y comunicadores, mientras que 14 fueron dirigidas contra medios de comunicación.
Según los datos, las formas más comunes de ataque incluyen amenazas e intimidación (23 casos) y abuso de poder estatal (12 casos), situaciones que se han convertido en un patrón de represión hacia quienes ejercen el derecho a la libre expresión en Nicaragua.
Entre las agresiones más graves se encuentran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos de viviendas y el destierro de periodistas.
PCIN también denuncia un aumento de ataques contra periodistas mayores de 60 años, una realidad que afecta principalmente a aquellos que, en su mayoría, están jubilados o retirados de la profesión.
El rol de la Policía y los grupos paramilitares
El informe señala que los principales responsables de estos abusos son la Policía, los paramilitares, así como miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) y la Juventud Sandinista (JS). En particular, la Juventud Sandinista se ha destacado en la perpetración de ataques en línea.
Además, se menciona a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) como otra de las entidades agresoras debido a su papel en la denegación de entrada a Nicaragua a varios periodistas.
Alcance internacional de la represión
Aunque la mayoría de los ataques ocurren dentro del país, la represión ha trascendido las fronteras nicaragüenses. El informe documenta al menos 10 agresiones en Costa Rica, 5 en Estados Unidos, 1 en Venezuela y 1 en Guatemala, lo que refleja la persecución internacional que enfrentan los periodistas nicaragüenses exiliados o desplazados por razones políticas.
PCIN también identifica patrones recurrentes en las agresiones, como la confiscación de equipos de trabajo y artículos personales durante los allanamientos, que muchas veces son percibidos por las víctimas como simples robos.
Además, denuncian ataques y saqueos por parte de simpatizantes del régimen, quienes operan con total impunidad.
Desapariciones y detenciones arbitrarias
El informe de PCIN recoge varios casos emblemáticos de agresiones graves:
Irving Guerrero Montes (65 años), ex-corresponsal de Radio Corporación y Canal 23, fue detenido el 9 de febrero de 2025 en su domicilio en León por la policía, sin pruebas claras. Después de pasar tres días en prisión, fue colocado bajo arresto domiciliario, acusado de no contar con la documentación necesaria para portar un arma.
Leo Catalino Cárcamo Herrera, ex-corresponsal de Radio Darío, fue detenido en noviembre de 2024. Su paradero sigue siendo desconocido, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas provisionales para proteger su integridad y la de su familia, dada su edad y estado de salud.
Elsbeth D’Anda fue detenido arbitrariamente el 27 de octubre de 2024, luego de abordar en su programa de televisión un tema relacionado con el aumento del costo de vida en Nicaragua. Tras la detención, su domicilio fue allanado y se le intentó vincular con cargos falsos de tráfico de drogas y posesión de armas. Su paradero sigue siendo incierto, lo que lo convierte en una víctima de desaparición forzada.
Fabiola Tercero, periodista independiente y activista feminista, fue detenida el 12 de julio de 2024 tras el allanamiento de su casa por parte de la policía. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Destierro y la criminalización del periodismo
El destierro se ha convertido en uno de los principales métodos de represión por parte del régimen de Ortega. Según PCIN, el destierro forzoso constituye una violación del derecho internacional y un crimen de lesa humanidad.
Desde 2018, más de 283 periodistas nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse en países como Costa Rica, Estados Unidos y España.
El 1 de marzo, Día Nacional del Periodista en Nicaragua, fue el marco elegido para PCIN y otras organizaciones denunciaran la grave situación de represión a la que se enfrentan los periodistas nicaragüenses.
Libertad de prensa es “aterradora”
Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió el viernes que la libertad de prensa agoniza en Nicaragua, en donde el régimen de Daniel Ortega ha “aniquilado” el periodismo independiente del país.
RSF alertó que la situación de la libertad de prensa es “aterradora”.
Muchos periodistas independientes han dejado de trabajar por miedo, y los que se encuentran en arresto domiciliario no pueden informar sobre su situación debido a las amenazas que pesan sobre ellos y sus familias, señaló.
“Lo que debería ser un día de fiesta para los periodistas nicaragüenses está marcado por la represión, el exilio y las desapariciones forzadas”, dijo el director de RSF América Latina, Artur Romeu, en una declaración escrita.
RSF pidió, a la comunidad internacional que presione al régimen para que libere a los periodistas detenidos en el país, informe sobre el paradero de los desaparecidos, y establezca garantías para la libertad de prensa en el país.
ONG exige liberación de periodistas detenidos
La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más exigió el sábado, en el que se conmemora el Día del Periodista en Nicaragua, la liberación de cuatro comunicadores “criminalizados y detenidos de forma arbitraria” por el régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Este día resaltamos los siete años en los que el periodismo nicaragüense ha enfrentado con valentía los embates de la dictadura y ha continuado informando”, resaltó el colectivo que reclama la excarcelación de los periodistas Fabiola Tercero, Leo Catalino Cárcamo, Irving Guerrero y Elsbeth D’Anda.
En un pronunciamiento divulgado, ese colectivo denuncia que “desde el inicio de la rebelión cívica en abril de 2018, hemos sido testigos de la feroz represión que ha convertido el ejercicio del periodismo en Nicaragua en una profesión de alto riesgo y sacrificio, por lo que todos los nicaragüenses debemos hoy más que nunca reconocer su labor”.
El colectivo recuerda que “desde el asesinato del periodista Ángel Gahona a quien grupos paraestatales le dispararon el 21 de abril de 2018, mientras cubría los ataques a la población civil en Bluefields, hasta la sistemática persecución y criminalización del periodismo nicaragüense, (estos hechos) constituyen crímenes de lesa humanidad que aún están en la impunidad”.