El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) activó un mecanismo de investigación de alto nivel, conocido como “Comisión de Encuesta”, para investigar las graves violaciones a los derechos laborales en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La decisión, tomada el 18 de marzo de 2025, refleja la preocupación internacional por el incumplimiento de los convenios internacionales laborales ratificados por el país centroamericano.
Este mecanismo se activa cuando un Estado miembro es acusado de violaciones graves y persistentes a los convenios internacionales laborales y se niega a resolverlos. En este caso, del régimen en Nicaragua ha sido señalado por incumplir varios convenios fundamentales en materia laboral, incluidos los convenios sobre libertad sindical, derecho de sindicación y negociación colectiva, la discriminación en el empleo y la consulta tripartita.
Según el Consejo de Administración de la OIT, el régimen nicaragüense ha mostrado una “ausencia total de compromiso significativo” para abordar las preocupaciones planteadas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y la Comisión de Aplicación de Normas.
A pesar de las múltiples advertencias desde 2023, la dictadura Ortega-Murillo no ha respondido a las solicitudes de información ni han tomado medidas para resolver los problemas señalados.
La queja presentada por delegados empleadores en la 111.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2023 señala varias denuncias graves, entre ellas, actos de intimidación y acoso contra trabajadores independientes y organizaciones patronales, así como arrestos y detenciones arbitrarias.
Estas acciones violan directamente los principios fundamentales de los convenios de la OIT, como el Convenio nº 87 sobre la libertad sindical, el Convenio nº 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, el Convenio nº 111 sobre la discriminación en el empleo y el Convenio nº 144 sobre la consulta tripartita.
El Consejo de Administración, tras evaluar la situación, decidió constituir la Comisión de Encuesta, el mecanismo de investigación más alto dentro de la OIT. Esta comisión tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las denuncias presentadas y elaborar un informe detallado sobre las violaciones que se han producido.
Una vez completada la investigación, el régimen en Nicaragua tendrá tres meses para decidir si acepta o rechaza las recomendaciones que se emitan.
La OIT también ha solicitado que el régimen nicaragüense permita la operación libre de las organizaciones de trabajadores y empleadores sin interferencia estatal, así como que garantice la seguridad de aquellos que se vean amenazados o perseguidos por su actividad sindical y laboral.
En particular, se ha exigido la restitución de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP), que fue cancelada en marzo de 2023, lo que ha afectado gravemente la libertad empresarial en el país.
A pesar de estas demandas, el régimen Ortega-Murillo ha respondido con dureza a la presión internacional. El 28 de febrero de 2025, a través de su canciller Valdrack Jaentschke, la dictadura notificó oficialmente su decisión de retirar a Nicaragua de la OIT, acusando al organismo de actuar de manera “politizada” y de ser cómplice de “maniobras de desestabilización e injerencismo”.
Este retiro de Nicaragua de la OIT pone en evidencia el creciente aislamiento del régimen y sus esfuerzos por eludir la presión internacional. Sin embargo, la activación de la Comisión de Encuesta y la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si las recomendaciones no son cumplidas, subraya la importancia de los mecanismos internacionales en la protección de los derechos laborales y humanos.