Opositores nicaragüenses consideraron este jueves que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, y otros 52 altos cargos pueden enfrentar la justicia internacional en base al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que identificó a 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018.
El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro dijo que esos “54 funcionarios del régimen sandinistas señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad” pueden ser llevados ante la justicia internacional, tomando como base el informe del Grupo de Expertos.
La lista parte de un informe de 234 páginas que incluye organigramas sobre el sistema represor del régimen sandinista, encabezados por el matrimonio formado por Ortega y Murillo y que incluye autoridades como el jefe del Ejército, Julio César Avilés, el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, el director general de la Policía, Francisco Díaz, o el titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
“Obviamente que los responsables son muchos más”, argumentó Chamorro, que destacó que el grupo de expertos elaboró el nuevo informe con datos obtenidos en 1.631 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes.
“Esto es una muy buena noticia porque trae una luz de esperanza a los familiares de las víctimas, de los asesinados, de los secuestrados, de los violentados, de los expulsados confiscados, encarcelados, desaparecidos, desnacionalizados y todas las personas que estamos buscando justicia en Nicaragua”, valoró.
Comunidad internacional debe presionar a Ortega y Murillo
El también dirigente opositor nicaragüense Luis Blandón celebró que hoy quedó “evidenciado en todo el mundo quiénes son los responsables de la represión en Nicaragua desde el 2018 a la fecha”.
“Queda identificado cómo la estructura de poder está subordinada para mantener a los Ortega Murillo en el poder mediante la represión constante”, señaló Blandón, presidente del movimiento político Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Las 54 personas citadas, según el grupo de expertos, habrían desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y de medios de comunicación, así como otros delitos que en algunos casos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.