La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) hizo un llamado urgente a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que activen el mecanismo de garantía colectiva en derechos humanos, con el fin de exigir al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y atender la crítica situación que enfrentan miles de personas nicaragüenses en el exilio.
Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada el 23 de abril, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) denunció el “desacato sistemático” del régimen nicaragüense a las resoluciones del tribunal regional, particularmente en relación con las medidas provisionales ordenadas desde 2021 en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros.
La FIDH, que representa a 14 víctimas en ese caso, reiteró la urgencia de una acción regional coordinada para frenar las violaciones a los derechos humanos que continúan cometiéndose en el país centroamericano.
En audiencia celebrada el 4 de febrero de este año, la organización solicitó a la Corte IDH instar directamente a los Estados miembros de la OEA a tomar medidas concretas ante la desprotección que enfrentan las personas beneficiarias de esas medidas.
Países como Canadá, Costa Rica, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos expresaron su preocupación ante la gravedad del incumplimiento por parte del régimen de Ortega-Murillo. En particular, Costa Rica y Chile hicieron un llamado a la conciencia colectiva de los Estados miembros para actuar frente a las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos.
“La garantía colectiva en derechos humanos implica que los Estados del sistema interamericano tienen el deber de asegurar la efectividad de las decisiones de sus órganos y cooperar de buena fe para proteger los derechos fundamentales en la región”, recordó la FIDH en su comunicado.
Uno de los casos más alarmantes es el de Manuel Urbina Lara, detenido arbitrariamente desde el 4 de enero de 2021.
Según la FIDH, Urbina Lara fue condenado en un proceso sin garantías y, pese a haber cumplido su pena en febrero de 2025, aún permanece encarcelado en condiciones de aislamiento, tortura y tratos crueles e inhumanos.
La organización exige su liberación inmediata, junto con la de todas las personas presas por motivos políticos.
Las otras 13 personas representadas por la FIDH fueron detenidas arbitrariamente, desterradas en 2022 y despojadas de su nacionalidad y bienes. Actualmente viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin protección jurídica ni acceso a sus derechos fundamentales, incluyendo salud, integridad, libertad de movimiento y vida privada.
La FIDH concluyó su declaración reiterando la necesidad urgente de que la comunidad internacional, y en especial los Estados del continente americano, asuman su responsabilidad compartida frente a la crisis nicaragüense y actúen para detener las graves violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo impunemente.