La abogada e investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina denunció que todos los obispos en Nicaragua están bajo estricta vigilancia policial, obligados a actuar bajo una constante supervisión del régimen Ortega-Murillo.
“Todos son vigilados: el reporte debe incluir ¿con quién se reúnen? ¿Quién se le acerca? Si reciben regalos o dinero, ¿dónde van? y ¿con quién? ¿Que hizo y de que habló? Los obispos tienen que sonreír, no quejarse, no denunciar”, expuso Molina en su cuenta de X.
Molina compartió fotografías de cómo una procesión católica en la comunidad El Portillo en León, donde los movimientos del obispo de León fueron monitoreados por la Policía.
Según Molina, estas restricciones forman parte de un patrón sistemático de hostigamiento estatal contra las voces religiosas independientes.
Cabe recordar que en marzo pasado en un informe de Christian Solidarity Worldwide (CSW), titulado “Control total: la erradicación de las voces independientes en Nicaragua”, denunció cómo el régimen ha institucionalizado el control y la represión contra líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos.
El informe revela que al menos diez sacerdotes han sido obligados a presentarse semanalmente ante la Policía Orteguista, entregar planes detallados de sus actividades y permitir que les tomen fotografías. Estas medidas han sido impuestas sin ninguna orden judicial, bajo el pretexto de “medidas cautelares”.
Vigilancia permanente y represión simbólica
CSW alerta sobre una vigilancia abierta y encubierta en iglesias y eventos religiosos, con policías grabando asistentes y controlando accesos. También se han impuesto restricciones al uso de los colores azul y blanco en decoraciones, y se ha prohibido orar por líderes encarcelados.
Desde las protestas de 2018, la Iglesia Católica ha sido blanco directo del régimen, con numerosos casos de sacerdotes encarcelados, exiliados o forzados al silencio.
Según CSW, 222 violaciones a la libertad religiosa fueron documentadas solo en 2024.
