Por Yaritzha R. Mairena | 13 mayo 2025
En el debate sobre el futuro de Nicaragua, el concepto de “unidad opositora” ha sido elevado a la categoría de necesidad histórica. Sin embargo, detrás de esta aspiración legítima se esconden profundas complejidades y contradicciones que han marcado, y siguen marcando, los esfuerzos de articulación política desde 2018.
Diversos sectores han insistido en la creación de una unidad amplia, incluyente de todo actor que, de alguna manera, haya surgido tras la rebelión cívica de abril. Esta lógica ha llevado a plantear que toda agrupación, sin importar su tamaño o su nivel de representatividad -incluso aquellas conformadas apenas por tres personas o lideradas por figuras individuales autodenominadas “insignes”- debe tener un peso equivalente al de organizaciones consolidadas. Aunque esta intención parte de un principio inclusivo de los “Autoconvocados”, su implementación ha resultado, en la práctica, altamente problemática.
Uno de los fenómenos más recurrentes es la proliferación de coaliciones, mesas de trabajo, acuerdos políticos y proclamas conjuntas bajo el paraguas de la “unidad amplia”. Sin embargo, lejos de fortalecer el tejido opositor, esta dinámica ha terminado debilitándolo. Cada vez que se abre una nueva plataforma o coalición, surge inevitablemente una tensión entre la necesidad de consolidación interna -que exige coherencia política, disciplina y visión estratégica compartida- y la presión por permitir el ingreso de actores que traen nuevas agendas, propuestas metodológicas y visiones divergentes sobre la unidad.
La fragilidad estructural de estas plataformas se revela cuando las diferencias no logran tramitarse de forma efectiva. Generalmente, los sectores que no logran imponer su visión terminan abandonando los espacios de articulación, alegando que son los únicos verdaderamente comprometidos con la unidad. Además, al salir, no solo desestabilizan los acuerdos logrados, sino que también vacían de contenido las alianzas que ellos mismos habían impulsado. Las proclamas, compromisos y “consensos” que tanto habían promovido quedan en nada, repitiendo un ciclo que mina la confianza en cualquier proyecto unitario futuro.
Este comportamiento, lejos de ser anecdótico, configura un patrón documentado en la oposición nicaragüense reciente: los mismos actores que insisten en la necesidad de “unidad” son, paradójicamente, quienes más contribuyen a su fragilidad. Como advertía el politólogo noruego Stein Rokkan, no toda agregación garantiza cohesión; la unidad formal sin cohesión interna solo acelera las fracturas. En Nicaragua, esta lección parece especialmente pertinente.
El ciclo se repite: los sectores que salen de una coalición vuelven a integrarse en otra nueva, llevando consigo su propuesta particular de “unidad verdadera”, con la expectativa de que ahora sí prevalecerá su visión. Pero al reproducirse la misma lógica de imposiciones y exclusiones, el desenlace es previsible: nuevas tensiones, nuevos colapsos, nuevas proclamaciones rotas.
La paradoja es brutal: en nombre de la unidad, se fomenta la fragmentación. En nombre de la apertura, se dinamita la estabilidad. Y en nombre de la inclusión, se deslegitima la consolidación estratégica necesaria para enfrentar a un régimen autoritario que, por el contrario, ha demostrado su capacidad para mantener estable su aparato de poder.
Existen además dentro de la oposición ciertos grupos que operan desde lo que podríamos denominar una “supraestructura simbólica”, dotándose de una legitimidad derivada de la apropiación del concepto de “pueblo”, aunque paradójicamente este “pueblo” nunca ha vivido una democracia plenamente funcional. Estos grupos -algunos que intentan rescatar versiones renovadas del sandinismo, otros que se adjudican la representación de toda la juventud nicaragüense- se atribuyen una representación mayor que cualquier otra plataforma real de oposición, posicionándose estratégicamente según sus intereses en los distintos intentos de unidad, o retirándose de ellos cuando sus objetivos particulares no son satisfechos.
Estos actores, que incluyen también a partidos políticos concretos como los involucrados en la fallida Coalición Nacional de 2021, han llevado agendas paralelas que, lejos de fortalecer el proceso unitario, lo han debilitado sistemáticamente. El sociólogo Giovanni Sartori advertía que cuando los actores se sirven de las instituciones para agendas particulares, destruyen el propósito de la organización colectiva (1988), un fenómeno que describe con precisión lo ocurrido en la oposición nicaragüense.
Una contradicción particularmente nociva para los esfuerzos de articulación opositora es el rechazo recurrente a la elección de liderazgos legítimos y el avance soterrado de prácticas oclocráticas dentro de ciertos grupos. En múltiples espacios de concertación, se ha observado una resistencia activa a establecer mecanismos formales, democráticos y transparentes para elegir representaciones, bajo el argumento de que “nadie debe liderar sobre los demás”. Sin embargo, esta negación de la institucionalidad democrática ha dado lugar a una paradoja: mientras se impide la elección abierta y consensuada de liderazgos, emergen dinámicas informales de control del poder donde ciertos actores acaparan influencia sin rendición de cuentas.
Esta tendencia sustituye la legitimidad por la cooptación, la transparencia por el reparto discrecional, y convierte a la oposición en un terreno fértil para microestructuras clientelares. El rechazo a los liderazgos electos no fortalece la unidad; al contrario, debilita la posibilidad de consolidar una dirección estratégica común y favorece la lógica de apropiación de poder, lo cual es incompatible con cualquier proyecto de democratización real.
Estas contradicciones son además profundizadas por el ego de quienes dirigen tales agrupaciones. Aunque en el discurso público se declaran defensores de la unidad, en la práctica operan de forma impositiva, incapaces de ceder en sus intereses particulares o de articular compromisos que permitan la sostenibilidad de los espacios de concertación. En nombre de su supuesta representación legítima, terminan imponiendo una visión sectaria, lo que, inevitablemente, dinamita cualquier esfuerzo de consenso.
Entender esta dinámica no implica negar la necesidad de unidad, sino reconocer que la unidad real no puede construirse sobre la base de la improvisación, la sobre-representación de pequeños grupos, ni la multiplicidad inconexa de agendas individuales. La unidad verdadera exige, además de inclusión, un compromiso serio con la coherencia política, la definición de objetivos comunes, la elección y legitimación de liderazgos verdaderos, la renuncia a proyectos personalistas y la construcción de estructuras sólidas que resistan la presión de las diferencias naturales en cualquier movimiento plural.
En un contexto tan adverso como el nicaragüense, no basta con querer la unidad: hay que construirla con rigor estratégico, visión a largo plazo y madurez política. Mientras persista el ciclo de coaliciones improvisadas y rupturas anunciadas, la tan ansiada unidad seguirá siendo una promesa que se repite con fervor en los discursos, pero que naufraga en la práctica bajo el peso de sus propias contradicciones.
Yaritzha R. Mairena | Estudiante de Ciencias Políticas y Trabajo Social, exprisionera política, activista por la justicia y los derechos humanos.