Opositores nicaragüenses exiliados condenaron la reforma a la Constitución Política, propuesta por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, que establece que los nicaragüenses de nacimiento “perderán su nacionalidad al adquirir otra”.
“Ante la más reciente embestida de la dictadura Ortega-Murillo contra los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, Unamos expresa su más enérgico repudio y condena a la promulgación de la ley que despoja de su nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses que posean doble nacionalidad”, expresó en una declaración el movimiento político opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos).
“Este acto, carente de toda legitimidad y fundamento jurídico en un Estado de derecho, constituye una flagrante violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de Nicaragua y en los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario”, alegó Unamos, presidido por Luis Blandón y Dulce Porras e integrado por disidentes desnacionalizados, entre otros opositores.
Unamos argumentó que “la nacionalidad es un derecho inherente a la persona, un vínculo fundamental con la patria que no puede ser revocado arbitrariamente por un régimen autoritario que busca silenciar voces disidentes y consolidar su poder a través del terror y la represión”.
“Con esta nueva medida, la dictadura profundiza su escalada autoritaria, sembrando aún más incertidumbre y desprotección entre la población nicaragüense, especialmente aquellos que, en legítimo ejercicio de sus derechos, han adquirido otra nacionalidad”, continuó.
“Este intento de desterrar cívicamente a ciudadanos críticos y opositores evidencia la desesperación de un régimen que se aferra al poder a costa de la libertad y la dignidad de su pueblo”, agregó.
Asimismo, Unamos denunció “ante la comunidad nacional e internacional esta nueva afrenta contra la ciudadanía nicaragüense”.
“Exigimos la inmediata derogación de esta ley infame y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin excepción”, añadió.
Ese movimiento político, llamó “a las organizaciones de derechos humanos, a los gobiernos democráticos del mundo y a la comunidad internacional en general a condenar enérgicamente estas acciones dictatoriales”.
También “a redoblar sus esfuerzos para exigir el restablecimiento del Estado de derecho, la liberación de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales en Nicaragua”.
Por su lado, la opositora Concertación Democrática Nicaragüense dijo que “dictadura aprobó una reforma a su nueva Constitución totalitaria, para incrementar los mecanismos de persecución extraterritorial contra más de un millón de nicaragüenses que conforman la amplia diáspora dispersa por el mundo desde los años de 1980, e incrementada por la represión a partir del 2018”.
“La reforma constitucional prohíbe la doble nacionalidad de manera que quienes hayan adquirido o adquieran una segunda ciudadanía, pierden de forma automática la nicaragüense”, reprochó ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio en un pronunciamiento.
“Viola tratados y convenios en materia de derechos humanos”
Para ese grupo opositor, “esta aberrante reforma violenta los principales tratados y convenios en materia de derechos humanos que prohíben la privación arbitraria de la nacionalidad y que protegen la relación y arraigo de los nacionales con su país de origen”.
Además, deroga tácitamente los tratados internacionales suscritos por Nicaragua en materia de doble nacionalidad que existían con países como España, argumentó.
“La medida muestra una vez más el odio y crueldad que caracteriza a la dictadura que ahora no solo ataca a sus adversarios políticos sino que pretende dañar a quienes se han visto forzados a migrar por razones políticas o económicas”, continuó.
La Concertación se solidarizó “con la comunidad nicaragüense en el exterior” y les aseguró que “nos sumaremos activamente a la denuncia de esta nueva violación a los derechos humanos y al incumplimiento de las obligaciones de Nicaragua que continua actuando como un Estado forajido, frente al derecho internacional”.
Entrará en vigor en 2026
Los diputados de facto en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron el viernes una reforma a la constitución que establece que los nicaragüenses de nacimiento perderán su nacionalidad al momento de adquirir otra.
También que los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria, y en el caso de los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tendrán derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la suya.
Según Ortega y Murillo, “esa medida reafirma que ser nicaragüenses no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación” y “quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria”.
La medida afectará a los nicaragüenses exiliados, opositores o no, que deseen solicitar otra nacionalidad en el país de acogida.
Para que esa reforma entre en vigor, tiene que ser aprobada en segunda legislatura, es decir, el próximo año.