La dictadura a través del Ministerio del Interior de Nicaragua ordenó este lunes la cancelación de la personalidad jurídica de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), una organización fundada en 1979 por comunicadores afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que durante más de cuatro décadas fue un aliado incondicional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La medida fue oficializada mediante el acuerdo ministerial 14-2025, publicado en La Gaceta, el diario oficial de Nicaragua, donde también se dispuso la cancelación de otras cinco organizaciones sin fines de lucro, bajo el argumento de supuestos incumplimientos administrativos, como la falta de entrega de estados financieros y la vigencia vencida de sus juntas directivas. En el caso de la UPN, su última directiva fue registrada en 2017.
A pesar de su historial de respaldo al orteguismo, la UPN no escapó de la ola represiva que desde 2018 ha suprimido a más de 5,600 organizaciones civiles.
Aliado histórico del sandinismo
La UPN nació en el contexto postrevolucionario, tras el triunfo del sandinismo en 1979, como un gremio de periodistas ideológicamente alineados con el FSLN. Desde entonces, y especialmente tras el regreso de Ortega al poder en 2007, se consolidó como una organización oficialista que respaldó las políticas del régimen, incluso durante los momentos más álgidos de la represión estatal.
Tras el estallido de las protestas cívicas en abril de 2018 —en las que organismos internacionales registraron más de 355 asesinatos a manos de fuerzas de seguridad y parapoliciales— la UPN no solo evitó condenar la represión, sino que emitió pronunciamientos públicos alineados con la narrativa del régimen.
En múltiples ocasiones, condenó lo que calificó como “intentos de golpe de Estado” y se sumó al llamado “diálogo de paz” promovido por el Ejecutivo.
En 2023, la UPN respaldó la decisión de Ortega de romper relaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA), calificándola de “injerencista”, y en abril de 2024 reiteró su condena a las protestas de 2018 mientras reafirmaba su respaldo a la pareja dictatorial.
Además de la UPN, el acuerdo ministerial afectó a otras cinco organizaciones: la Fundación Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), la Asociación Interdenominacional Cristiana Ciudad de Dios en Rivas (ACCDIOS R/N), la Asociación Ministerio Dios Vino a Dar Libertad a los Caudillos (AMIDIVILAC), la Asociación Héroes y Mártires del Terrero Blanco “Silvestre Ramírez Luna” y la Asociación de Iglesias Presbiterianas de Nicaragua (AIPN).
Otras nueve organizaciones se disuelven por “voluntad propia”
Por otra parte, el acuerdo ministerial 15-2025 oficializó la “disolución voluntaria” de otras nueve organizaciones, entre ellas: la Asociación Nicaragüense Marvin Antonio Hernández Silva (ASONIMAHS); la Asociación Feria de la Tierra (AFT); el Movimiento Rural Cristiano de Monegro; la Asociación para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal; el Centro Promocional Cristiano por la Paz y la Vida; la Fundación Rainbow (ARCO IRIS); la Fundación Vínculos Estelí; la Asociación Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales (AICES); y Terre Des Hommes Suiza.