En el marco de una nueva reforma constitucional, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha profundizado el uso político de la ciudadanía como forma de represión. La reciente modificación de los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de Nicaragua establece que los nicaragüenses que adquieran otra nacionalidad perderán automáticamente la nacionalidad nicaragüense.
Esta medida ha sido ampliamente criticada por expertos en derechos humanos, quienes la consideran ilegal, ilegítima y violatoria del derecho internacional.
El uso represivo de la nacionalidad en Nicaragua
Durante el programa La Mesa Redonda, el periodista Sergio Marín Cornavaca conversó con el abogado y especialista en derechos humanos Uriel Pineda, quien alertó que esta reforma constitucional representa un retroceso histórico e ilegal.
Pineda señaló que la nacionalidad es un derecho humano indisponible y que su supresión constituye una forma de persecución política extraterritorial, especialmente contra periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en el exilio.
“Es una forma de silenciar y castigar a quienes han denunciado las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”, afirmó Pineda.
Violaciones al derecho internacional y crímenes de lesa humanidad
El experto advirtió que la medida podría constituir un crimen de lesa humanidad, especialmente si se aplica a personas que huyeron por motivos de persecución y que han adquirido otra nacionalidad por razones de seguridad.
Casos de apatridia de facto ya se presentan, al negarse la renovación de cédulas y pasaportes a exiliados.
Además, la falta de seguridad jurídica impide que las personas afectadas puedan recurrir legalmente en Nicaragua, ya que no existe independencia del Poder Judicial.
Amenaza a bienes y remesas: impacto económico de la reforma
Más allá del castigo político, la reforma también representa una amenaza económica. El régimen podría usar la pérdida de nacionalidad como excusa para confiscar bienes de los exiliados, afectando directamente a familias que dependen de remesas o que han invertido en propiedades dentro del país.
Aunque hasta ahora no se ha oficializado una política de confiscaciones masivas, el temor entre los migrantes crece.
El aislamiento internacional y el oportunismo político del régimen
El régimen Ortega-Murillo se encuentra cada vez más aislado internacionalmente. Sin embargo, aprovecha el contexto global —marcado por crisis como la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza— para continuar sus acciones sin mayores consecuencias.
La reforma también parece ser una carta de negociación ante posibles presiones internacionales, sobre todo en un eventual escenario de negociación con Estados Unidos.
Llamado a la denuncia y a la acción internacional
El informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para Nicaragua, que documenta con nombre y apellido a los responsables de crímenes de lesa humanidad, será clave en la presión internacional contra el régimen.
Pineda llamó a los organismos defensores de derechos humanos a llevar el tema a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas.
La reforma sobre la pérdida de nacionalidad en Nicaragua no es un simple ajuste legal, sino una peligrosa herramienta de persecución política y control social. La comunidad internacional, la sociedad civil y la oposición deben mantenerse vigilantes y activos para denunciar esta nueva forma de represión.