Una jueza federal en Estados Unidos bloqueó temporalmente el miércoles a la administración del presidente Donald Trump de suspender los programas de parole humanitario que permiten el ingreso legal al país de miles de migrantes con patrocinadores estadounidenses.
La información fue reportada por la agencia Reuters, que detalló que la jueza de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, emitió una orden que obliga a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a reanudar el procesamiento de solicitudes de migrantes cubiertos por dichos programas, al menos hasta que se resuelva una demanda colectiva en curso.
Talwani rechazó el argumento del gobierno de Trump, que aseguraba tener la discreción para poner fin a estos programas como parte de sus políticas migratorias.
La jueza aclaró que, aunque el gobierno puede dirigir la política migratoria, las agencias federales siguen estando obligadas por la ley a cumplir con un proceso formal para aprobar o denegar beneficios migratorios como el parole.
La decisión judicial surge en respuesta a una demanda que impugnaba la suspensión del procesamiento de solicitudes de migrantes provenientes de Cuba, Ucrania, Afganistán, Haití, Nicaragua y Venezuela, ya sea para ingresar al país bajo el programa de parole, o para quienes ya lo tienen y buscan cambiar su estatus migratorio.
Talwani, designada durante la presidencia de Barack Obama, ya había frenado en abril un intento del gobierno de revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes de esos países.
La administración de Trump solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que suspenda esa decisión mientras se resuelve la apelación.
La nueva orden judicial responde a políticas adoptadas tras el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, cuando firmó un decreto ejecutivo instruyendo al DHS a poner fin a los programas de parole creados durante la presidencia de Joe Biden.
Ese mismo día, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, ordenó suspender, modificar o eliminar cualquier programa de parole categórico, alegando que la ley solo permite otorgarlo caso por caso.
A partir de esa directiva, se dejaron de procesar nuevas solicitudes y se prohibió al personal considerar cambios de estatus migratorio para beneficiarios ya aprobados, incluyendo opciones como el asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS).
En abril, la Casa Blanca advirtió claramente que no piensa quedarse de brazos cruzados tras la decisión de una jueza que anuló la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar el programa migratorio que da un estatus legal a 530,000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como parole humanitario.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó duramente el fallo judicial, alegando que se trata de una interferencia directa en los planes de deportación masiva impulsados por la administración republicana.