El Tribunal Supremo estadounidense aceptó este viernes la petición del Gobierno de Donald Trump de retirar el estatus de protección temporal concedido por la anterior Administración de Joe Biden a 532.000 personas migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
La Administración Trump estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts que consideró que el Gobierno no podía anular este ‘parole humanitario’, que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EE.UU., sin analizar el procedimiento caso por caso.
En el escrito de desacuerdo, Brown Jackson considera que “el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy”.
“(El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes”, escribe la jueza.
Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encaran ahora “dos opciones insostenibles”. Por un lado, pueden optar por abandonar EE.UU. y enfrentarse a “peligros en sus países de origen”, tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su ‘parole’ “y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”.
El de hoy es el segundo fallo del Supremo este año en este terreno, después de que hace 10 días autorizara a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350.000 migrantes venezolanos.
El llamado ‘parole humanitario’ fue ampliado en enero de 2023 por el expresidente Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.
No está claro cuántas personas permanecen protegidas únicamente por el “parole” y podrían ser ahora objeto de deportación. Además, quienes intentaron ajustar su estatus legal recientemente se encontraron con un obstáculo: el 14 de febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió un memorando suspendiendo la tramitación de solicitudes de beneficios presentadas por quienes estaban bajo el programa de “parole” para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, así como para ucranianos y participantes en programas de reunificación familiar.
El memorando justificó la medida por la necesidad de implementar “banderas de verificación adicionales” para identificar posibles fraudes o riesgos para la seguridad pública o nacional.