El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció en su último informe (febrero-abril 2025) que 14 personas permanecen en situación de desaparición forzada en Nicaragua, bajo custodia estatal, sin que sus familiares conozcan su paradero ni su estado de salud.
Estas desapariciones forzadas —consideradas delitos de lesa humanidad por Naciones Unidas— constituyen una de las violaciones más alarmantes en el actual contexto de represión política en el país.
A continuación, los nombres y algunos detalles de estas 14 personas presas políticas desaparecidas:
🔸 Angélica Patricia Chavarría Altamirano
🔸 Brooklyn Rivera Bryan
🔸 Carmen María Sáenz Martínez
🔸 Douglas Gamaliel Álvarez Morales
🔸 Eddie Moisés González Valdivia
🔸 Eveling Carolina Matus Hernández
🔸 Fabio Alberto Cáceres Larios
🔸 Fabiola del Carmen Tercero Castro
🔸 José Alejandro Hurtado Díaz
🔸 Julio Antonio Quintana Carvajal
🔸 Leo Catalino Cárcamo Herrera
🔸 Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda
🔸 Steadman Fagot Müller
🔸 Víctor Boitano Coleman
Estas personas fueron detenidas arbitrariamente por policías o paramilitares, y en muchos casos, las autoridades han negado su existencia, lo que impide que sus familiares puedan visitarlos, entregarles paquetes o incluso saber si están vivos.
“El régimen continúa negando información a sus familiares, restringe las visitas y mantiene un patrón deliberado de aislamiento e incomunicación que agrava la incertidumbre y el sufrimiento de las víctimas y sus seres queridos”, denunció el Mecanismo.
Enfatiza que la desaparición forzada no solo viola el derecho a la libertad y a la seguridad personal, sino que también vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y emocional.
“La desaparición forzada vulnera el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial y al contacto con el mundo exterior, lo que agrava el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas prácticas no solo buscan castigar a las personas detenidas arbitrariamente, sino también generar un efecto de terror en la población, disuadiendo cualquier forma de disidencia”, denuncia el informe.
Los familiares de estas 14 personas viven en permanente angustia y, en ocasiones, son hostigados y amenazados por las autoridades al intentar exigir información o denunciar la situación públicamente.
El Mecanismo ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos democráticos de la región y el mundo para que exijan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el respeto al derecho de las familias a conocer el paradero y estado de salud de sus seres queridos.
La situación de estos 14 desaparecidos refleja una crisis humanitaria de derechos humanos en curso, que amerita la atención y la acción de la comunidad internacional para proteger a las víctimas y sus familias.