Los periodistas nicaragüenses exiliados Tania López y Gerall Chávez alzaron la voz para denunciar públicamente la condición de “apatridia de facto” en la que se encuentran ellos y muchos otros colegas, producto de una estrategia silenciosa pero sistemática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para dejar en el limbo jurídico a quienes considera enemigos políticos.
Ambos comunicadores se encuentran exiliados en Costa Rica, país que, si bien ha acogido históricamente a personas perseguidas, no ha ofrecido vías concretas para resolver la situación legal de quienes, como ellos, no pueden renovar su pasaporte ni acceder a otros documentos de identidad nicaragüenses.
“El régimen de Daniel Ortega nos ha impuesto una muerte civil”, afirmó Gerall Chávez. “No porque no nos sintamos nicaragüenses, sino porque nos han quitado el derecho de renovar pasaportes, de tener una cédula, de movilizarnos con libertad. Y lo hacen ahora con una metodología silenciosa”.
La apatridia de facto —según ha documentado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU— no requiere una sentencia formal: se manifiesta en la negativa del Estado a reconocer legalmente a sus ciudadanos mediante mecanismos administrativos, como la denegación del acceso a documentos oficiales.
Una nueva forma de represión
Tania López calificó la situación como “una táctica sin precedentes” del régimen. En su caso, denunció que durante un allanamiento en Nicaragua fueron confiscados su pasaporte y documentos de identidad, sin posibilidad de reclamarlos legalmente. Desde entonces, carece de cualquier documento oficial que le permita identificarse.
“¿Cómo comprobás tu nacionalidad si no tenés ningún documento? Ni una foto te dejan sacar cuando te allanan. Es una táctica que busca hacerte la vida más difícil”, afirmó. “Hoy somos nosotros, mañana serán otros colegas. Esto está afectando ya a decenas de periodistas”.
López y Chávez recordaron que más de 290 periodistas nicaragüenses están actualmente en el exilio, muchos de ellos en riesgo de caer en la misma situación cuando sus documentos expiren y no puedan ser renovados por decisión del régimen.
Llamado a la solidaridad internacional
Los comunicadores han presentado una petición formal de nacionalidad ante el gobierno de España, país que ofreció ciudadanía a los 222 presos políticos desterrados en febrero de 2023 y a otros 94 opositores desnacionalizados poco después.
Según Chávez, la iniciativa cuenta con respaldo de organizaciones de derechos humanos, asociaciones de prensa en Madrid y medios internacionales como El País, que ya ha publicado editoriales sobre la apatridia de facto en Nicaragua.
“Estamos apelando a la solidaridad de España, pero también de Chile, Argentina, México… y por supuesto de Costa Rica”, indicó Chávez. “Sabemos que este país tiene una gran carga con más de 180 mil solicitudes de refugio, pero también ha sido históricamente solidario con los perseguidos políticos”, añadió.
Enfatizaron que la apatridia y el refugio son figuras jurídicas distintas, y que es crucial que los Estados democráticos comprendan y reconozcan la gravedad de esta forma de represión política.
“Esto no nos hace menos nicaragüenses”, sentenció Chávez. “Lo que pedimos es un respaldo jurídico para seguir informando, para seguir denunciando lo que ocurre en nuestro país. El periodismo no se va a callar”.
Un precedente para el exilio
Ambos periodistas coincidieron en que su caso busca marcar un precedente para proteger a otros nicaragüenses en riesgo de convertirse en apátridas, especialmente en un contexto donde el régimen sigue perfeccionando métodos de represión menos visibles pero profundamente destructivos.
“Los periodistas estamos dando la cara y necesitamos ese respaldo ahora de los Estados democráticos y que de alguna manera puedan apoyar con esta solidaridad”, dijo Chávez.
Los periodistas nicaragüenses buscan abrir una discusión urgente sobre la apatridia como arma política, al tiempo que reafirman su compromiso con el periodismo independiente.
“No vamos a dejar de ser nicaragüenses, pero obviamente necesitamos un respaldo jurídico para seguir, para seguir informando, para seguir evidenciando lo que pasa en Nicaragua. El periodismo es muy valiente y el periodismo no se va a callar”, concluyó Chávez.