La Organización de Víctimas de Abril (OVA) expresó su respaldo a la moción aprobada ayer lunes por 34 diputados costarricenses en condena al asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en Moravia, San José, y lanzó un urgente llamado a la acción tanto a las autoridades costarricenses como a la comunidad internacional.
En un comunicado difundido este martes, la OVA agradeció el gesto de solidaridad de los diputados y destacó que Samcam era un defensor de derechos humanos, escritor, analista político, exmilitar retirado y ciudadano español, obligado al exilio tras denunciar crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La moción aprobada por el Congreso costarricense exige:
- Una condena enérgica por parte del Gobierno de Costa Rica.
- La revisión inmediata de los protocolos de protección a refugiados políticos nicaragüenses.
- Una investigación urgente sobre posibles estructuras criminales del régimen Ortega operando en Costa Rica.
La OVA lamentó, sin embargo, el voto en contra de ocho diputados oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quienes alegaron que no se ha comprobado aún que el crimen tenga motivación política y que no corresponde al Ejecutivo dirigir investigaciones criminales.
“Pedimos una investigación integral que abarque tanto el móvil político como el contexto criminal transnacional. No podemos permitir impunidad ni amenazas en nuestro exilio”, reclamó la organización.
La OVA reafirmó su posición en tres puntos clave:
- Justicia plena: Investigación a fondo del asesinato y garantías de protección para refugiados.
- Transparencia total: Revisión de presuntos vínculos entre el régimen Ortega-Murillo y operaciones delictivas en suelo costarricense.
- Apoyo firme: Llamado a una acción coordinada entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y el OIJ.
También hicieron un llamado a organismos internacionales como la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y ACNUR para fortalecer la protección a los exiliados nicaragüenses.