El asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam Ruiz, el pasado 19 de junio en su residencia en San José, ha encendido las alarmas entre la comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica, que temen estar siendo vigilados, perseguidos e incluso atacados por operativos vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Samcam adoptaba estrictas medidas de seguridad: se cambiaba de ropa en lugares públicos para despistar, evitaba el transporte colectivo y advertía constantemente a otros opositores sobre posibles seguimientos. Aun así, dos hombres armados lo ejecutaron dentro de su apartamento con ocho disparos, en lo que defensores de derechos humanos y exiliados califican como un “asesinato político”.
La muerte de Samcam, sería el sexto ataque contra disidentes nicaragüenses en Costa Rica desde 2018, ha sembrado el temor de una campaña de represalias transnacionales coordinada por el régimen de Managua.
Una campaña de terror silencioso
Organizaciones de derechos humanos y figuras políticas latinoamericanas sostienen que el asesinato de Samcam es un caso emblemático de lo que califican como terrorismo de Estado más allá de las fronteras nicaragüenses.
“Esto es un móvil político que buscaba silenciar la voz de Roberto por ser una voz demasiado poderosa, demasiado potente”, dijo Claudia Vargas, esposa de Samcam al medio The New York Times.
Samcam había denunciado públicamente la implicación del Ejército en la represión de las protestas de 2018 y era considerado “traidor” por el círculo orteguista, especialmente por su participación en los tranques de Carazo.
Repetidos ataques a opositores
El caso de Samcam no es aislado. En 2021, el también exsandinista Joao Maldonado sobrevivió a un ataque armado en San José. Le dispararon cinco veces, incluyendo una bala cerca del corazón. Dos años después, fue nuevamente emboscado, apenas diez días antes de salir al exilio tras obtener asilo en Estados Unidos. Recibió ocho disparos, uno de ellos en el rostro. Su pareja quedó con una discapacidad severa tras recibir un impacto en la columna vertebral.
“Los hechos hablan por sí solos. Es una realidad que existe una persecución transnacional”, declaró Maldonado desde fuera de Costa Rica.
En 2022, otro activista fue secuestrado en suelo costarricense y apareció muerto en Honduras.
Otros como el periodista Jimmy Guevara huyeron del país tras múltiples amenazas de muerte. “Me mudé ocho veces en cuatro años”, relató.
Silencio oficial del presidente de Costa Rica
A pesar de la gravedad de los hechos, el presidente costarricense Rodrigo Chaves ha evitado pronunciarse directamente sobre el asesinato de Samcam o vincularlo con acciones del régimen nicaragüense.
“No existe ningún tipo de indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense”, dijo el mandatario en 2023 tras uno de los atentados contra Maldonado, una declaración que hoy suena ajena a la creciente evidencia.
Esa falta de respuesta oficial ha generado inquietud entre los exiliados. “Tendrían que hacer declaraciones firmes”, exigió Ana Quiroz, activista expulsada de Nicaragua en 2018 al medio neoyorquino. “No solo con relación a este hecho reciente, sino también con relación al repudio a cualquier actuación de fuerzas extranjeras en su territorio”.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, informó que tanto el caso de Maldonado como el de Samcam están bajo investigación, y que hay sospechosos identificados, aunque aún no hay arrestos confirmados.
¿Costa Rica ya no es un refugio seguro?
Históricamente, Costa Rica ha sido destino de cientos de miles de nicaragüenses que huyeron de dictaduras y conflictos. El periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del mártir Pedro Joaquín Chamorro, recordó que su familia se refugió en este país durante la dictadura de Somoza. Hoy, muchos nicaragüenses sienten que esa tradición de asilo está en riesgo.
La abogada internacional Almudena Bernabeu, del despacho Guernica 37, quien representa a la viuda de Samcam, sostiene que “no hay ninguna duda de que se trata de un acto de terrorismo de Estado. Ortega y Murillo están borrachos de poder y hacen lo que sea para mantenerse en él”.
Según la legislación costarricense, Bernabeu podrá participar como fiscal privada en la investigación del asesinato.
A medida que se acumulan los casos, los exiliados nicaragüenses temen por sus vidas y se preguntan si tendrán que huir una vez más. Para muchos, el silencio del gobierno costarricense es un vacío peligroso ante lo que consideran una clara agresión transnacional.
“Cada quien es dueño de su propio miedo”, dijo Chamorro, citando a su padre asesinado por una dictadura.
Para los exiliados nicaragüenses en Costa Rica, el miedo ahora tiene un nuevo rostro: la posibilidad real de ser blanco, incluso fuera de Nicaragua.