En un giro que ha generado fuertes críticas por parte de la oposición nicaragüense en el exilio, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo —acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y de instaurar un estado de represión sistemática en Nicaragua— suscribió el lunes un comunicado conjunto con la Unión Europea (UE) en el que expresa su “compromiso” con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
La firma del documento ocurrió durante la primera reunión ministerial del Consejo de Asociación UE–Centroamérica, celebrada en Bruselas, como parte del Acuerdo de Asociación que entró en plena vigencia el 1 de mayo de 2024. Nicaragua estuvo representada por Erwin Ramírez Colindres, viceministro de Fomento, Industria y Comercio.
El evento, calificado como un “hito importante” por los organizadores, reunió a representantes de los seis países centroamericanos y altos funcionarios europeos, incluyendo a Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, y a Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca.
Un compromiso bajo escrutinio
El comunicado final del encuentro reafirma los compromisos de todas las partes con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la cooperación multilateral, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
No obstante, la participación del régimen nicaragüense —acusado por organismos internacionales de graves violaciones a los derechos fundamentales— generó indignación entre voces opositoras y defensores de derechos humanos.
“Las partes confirmaron la importancia de la integración centroamericana sobre la base de los valores de paz, democracia y desarrollo económico inclusivo. Las partes, al tiempo que se mostraron transparentes sobre las diferentes circunstancias de ambas regiones y sobre la existencia de posiciones diferentes en cuestiones específicas, subrayaron también la importancia de defender los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, el compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional y el orden internacional basado en normas, que incluye la soberanía y la integridad territorial, el Estado de Derecho y la protección y el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, reza el documento.
En cartas dirigidas a Kallas, organizaciones como la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) y Unamos expresaron su rechazo a la inclusión de representantes del régimen en el Consejo.
Ambas organizaciones urgieron a la UE a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, que establece el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos como condición para mantener relaciones políticas y comerciales.
Contradicciones en el discurso oficial
Mientras en Bruselas el régimen Ortega-Murillo “reafirmaba su compromiso” con la democracia, opositores exiliados denunciaban que en Nicaragua impera un estado de excepción permanente, con más de 50 presos políticos, y un éxodo forzado que afecta al 13 % de la población, equivalente a unos 870.000 nicaragüenses desde 2018.
“Resulta motivo de grave preocupación que el Gobierno de Nicaragua continúe enfrentando acusaciones creíbles de crímenes de lesa humanidad, tal como lo documentan el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Nicaragua, al mismo tiempo que se prepara para asistir a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ADA”, criticó la CDN, que exige que cualquier relación con la dictadura nicaragüense pase por condiciones claras, como la liberación de presos políticos, la restauración de la independencia judicial y el retorno de organismos de observación internacional.
Pese a las críticas, la UE y los países centroamericanos acordaron seguir profundizando su relación política y comercial. El acuerdo de asociación ha generado un fuerte crecimiento del comercio bilateral, que pasó de 8.700 millones de euros en 2012 a 22.000 millones en 2023.
La UE es ahora el tercer socio comercial más importante para Centroamérica.
Asimismo, se comprometieron a ampliar la cooperación en temas como seguridad, cambio climático, migración y digitalización, y a preparar el próximo Consejo de Asociación en 2027, que tendrá lugar en la región centroamericana.
¿Diplomacia o contradicción?
Para muchos observadores, la participación del régimen nicaragüense en este foro plantea un desafío ético y político para la UE, que ha sancionado en el pasado a altos funcionarios del régimen Ortega-Murillo por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la necesidad de mantener el diálogo regional y proteger los intereses comerciales podría estar prevaleciendo sobre las exigencias de justicia y democracia.