El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó este lunes su “memoria escrita” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el proceso que inició contra Alemania por su presunto apoyo político, financiero y militar a Israel, al que acusa de cometer genocidio contra el pueblo palestino.
Sin embargo, la acción representa una maniobra cínica de un régimen responsable de atrocidades documentadas en su propio país.
En su declaración, el régimen acusa a Alemania de “violar el derecho internacional humanitario” por facilitar armamento y apoyo a Israel, en el contexto del conflicto en Gaza. También pide a Berlín que detenga su cooperación militar y comercial con el gobierno israelí y que repare a las víctimas palestinas.
No obstante, expertos en derechos humanos han cuestionado la legitimidad moral del régimen nicaragüense para impulsar este tipo de demandas. Desde 2018, múltiples informes internacionales han documentado crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, perpetrados por agentes estatales y fuerzas paraestatales bajo el mando de Ortega y Murillo.
Crímenes documentados: represión, ejecuciones y tortura
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU) han presentado pruebas sustanciales sobre la existencia de una política sistemática de represión estatal.
Entre los crímenes cometidos por el régimen destacan:
- Más de 350 personas asesinadas por fuerzas policiales y parapoliciales en el contexto de las protestas de abril de 2018.
- Cientos de presos políticos, sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo tortura y aislamiento prolongado.
- Desapariciones forzadas, desplazamientos y exilio forzado.
- Desnacionalización de más de 300 ciudadanos, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, académicos, religiosos y opositores políticos.
- Cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y medios independientes.
- Persecución religiosa y criminalización del clero católico, con obispos y sacerdotes encarcelados o desterrados.
En marzo de 2023, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua concluyó que el régimen de Ortega y Murillo había cometido crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, encarcelamiento arbitrario, persecución política, tortura, violencia sexual y deportación forzada.
Queda claro que, la ofensiva diplomática de Ortega en la CIJ es un intento de distraer la atención internacional de su creciente aislamiento y del rechazo que enfrenta dentro y fuera del país.
Mientras habla de paz en La Haya, en Nicaragua el régimen mantiene una política de delación ciudadana —según denuncias de opositores y académicos—, promueve juicios sin garantías y ha convertido el crimen político en herramienta de gestión del poder, como afirmó recientemente el rector universitario Adrián Meza Soza.
Casos como el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica, han generado alarma sobre la persecución transnacional del régimen contra voces disidentes.
Cabe destacar que a finales de abril de 2024, la CIJ se pronunció en contra de dictar medidas cautelares para detener la venta de armas de Alemania a Israel en el caso de la demanda de Nicaragua contra el país europeo en La Haya.
Ortega asegura que Alemania está violando en particular la Convención de la ONU sobre el Genocidio, de 1948, creada después del Holocausto.
Además, denuncia que Berlín facilita la comisión de un genocidio en Gaza con la retirada de su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). La misma ONU, de la cual dijo el pasado sábado 19 de julio que “desaparezca” porque “no sirve para nada”.