Una de las secuelas más graves en la protesta cívica de abril de 2018 fue la muerte de muchas personas inocentes, periodistas y algunos presos cívicos pues en realidad nadie conspiró ni propició golpes de Estado como la dictadura de Daniel Ortega pretende hacerle creer a la ciudadanía y a la comunidad internacional; uno de estos casos fue el crimen en la cárcel de Eddy Montes, nicaragüense pero también poseedor de la ciudadanía estadounidense, cuya muerte cumple 4 años este 16 de mayo.
Por asesinatos como este la Comisión Permanente de Derechos humanos (CPDH) continúa incansablemente realizando su labor ahora desde el exilio en Estados Unidos y en Costa Rica, para documentar y patentar en expedientes probatorios toda esta barbarie desatada por la dictadura sandinista desde su irrupción en la vida pública.
Montes, originario del departamento de Matagalpa, fue detenido en octubre de 2018; posteriormente es vilmente acusado por el triángulo perverso constituido por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, de haber cometido actos delincuenciales como robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos e incendio.
Nada más falso y cobarde que esa acusación, como tantas otras provenientes del chantaje y la mentira gubernamental. Montes, al igual que la mayoría de reos políticos, además de golpizas y torturas, la exposición al escarnio público, sabiendo la ciudadanía no obstante que todo es producto de burdos montajes, los cuales algún día deberán pasar por el peso de la justicia.
Dicho sea de paso, a este respecto la CPDH considera que en un futuro cercano cuando los nicaragüenses volvamos a respirar la democracia y se respeten las leyes, deberá conformarse una comisión de la verdad.
Esta, no deberá ser apañada ni manipulada y en la misma se deberán ventilar, sin privilegios para nadie ni para ninguna organización, y contando con respaldo profesional de algunas instancias expertas en investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, para que investigue y se procese y castigue a quienes se encuentren culpables de haber violado los derechos humanos de muchos hermanos nicaragüenses.
Menciono el caso de Montes pues su muerte fue sentida por la ciudadanía, ya que además era una persona que gozaba de simpatías en su comunidad; y qué gratificante es saber que aquí en Miami existe un movimiento cívico que lleva su nombre, lo cual es aún más gratificante, creado por matagalpinos que se han exiliado y optado por vivir aquí.
Otra gran mentira del sistema judicial sandinista es haber pretendido hacerle creer a la población que Montes falleció en un motín, en un amotinamiento en el que supuestamente trató de golpear y herir a un policía con un cuchillo y que, debido al forcejeo el uniformado le disparó, lo que fue desmentido por otros presos políticos que guardaron presidio junto a él.
La verdad de las cosas es que fue asesinado de un balazo por un esbirro sandinista el 16 de mayo de 2019. Su muerte, junto a las más de 300 que van desde la insurrección de abril de 2018 ha sido sentida por familiares, amigos y el pueblo en general así como por amplios sectores de la comunidad internacional.
Nicaragua vive un luto perenne, y esa es una triste realidad pues muchos pensamos que con el advenimiento de la democracia en Nicaragua en 1990 (y a pesar de tantos otros crímenes de los que el sandinismo no ha pagado), casos como estos ya habían sido superados, lo que no ha sido así.
Uno de los testimonios más desgarradores en el entierro de Montes, y dada su ciudadanía americana, era la petición hecha al Gobierno de Estados Unidos de que no se negociara con los verdugos de ese y otros crímenes. Y la propia embajada reclamó al gobierno, pero todo quedó inconcluso y sin veredictos apegados a la realidad. Cuatro hijos de este quedaron en la orfandad y con vidas infelices ante semejante atropello a su dignidad humana.
Nicaragua vive de luto perenne, y aunque por benevolencia, fe cristiana y amor a Dios se pueda perdonar estos crímenes, lo cierto es que jamás se podrá olvidar de dónde vienen. Tampoco a la hora de dialogar, como lo pidieron sus familiares y amigos.
Autor: Marcos Carmona, Secretario Ejecutivo CPDH