El reconocido abogado Manuel Urbina Lara, expresó a su abogado Noel Alonzo Cano, que teme sufrir un atentado en las celdas de la Policía Orteguista en Jinotega, donde se encuentra detenido desde hace una semana, luego de ser acusado por el supuesto delito de “homicidio imprudente” en perjuicio del ciudadano José Antonio Rizo de 29 años, quien murió el domingo 24 de enero, en un accidente de tránsito en el kilómetro 172 de la carretera a Pantasma, Jinotega.
Pese a que la juez Diana Jarquín Valle giró orden de libertad a favor de Urbina Lara –por haber llegado a un acuerdo con la familia del fallecido– y ordenara al jefe policial de Jinotega, comisionado Rolando Arróliga su liberación, las autoridades policiales han ignorado la orden; mientras que el Ministerio Público se ha negado a elaborar el acta de mediación entre las partes, según denuncia Alonzo Cano.
El domingo 24 de enero, se conoció que el abogado Manuel Urbina Lara sufrió un accidente de tránsito al volcarse la camioneta que conducía, José Antonio que viajaba al raid en la tina del vehículo, murió en el accidente producto de un trauma craneoencefálico severo.
La Policía Orteguista informó el lunes 25 que Urbina Lara sería “remitido a la orden de las autoridades competentes” por la muerte del ciudadano, pues supuestamente un equipo técnico de investigación de accidentes “constató” que el abogado “conducía a exceso de velocidad”.
En declaraciones exclusivas a La Mesa Redonda, el defensor Noel Alonzo Cano, dijo que el martes 26, durante una audiencia preliminar, la familia del fallecido, concretamente su viuda y madre, le expresaron a la judicial Jarquín que habían llegado a una mediación con el acusado.
“La familia de la víctima le expresó a la juez que ellos estaban agradecidos con el doctor (Urbina Lara) que el mismo día del accidente, no solo ayudó a los paramédicos a sacar al difunto, después de estar esperando a la Policía tres horas y media, sino que en ese momento les entregó una cantidad de 300 dólares para que compraran el ataúd y algunas cosas accesorias a las honras fúnebres”, contó el abogado defensor a este medio de comunicación.
La juez admitió la mediación y ordenó al Ministerio Público hacer el acta durante el proceso; sin embargo, eso no ocurrió. Lo mismo pasó con la Policía Orteguista.
“La juez dictó la orden de libertad correspondiente, ordenándole al jefe de la Policía de Jinotega que lo pusiera en libertad inmediatamente, eso fue el día martes; han pasado ya cuatro días y la Policía a pesar de que recibió la orden de libertad respectiva, ellos manifiestan que no lo van a poner libre”, expresó el abogado Alonzo Cano.
El jurista agregó que, al estar “detenido ilegalmente” Urbina Lara, se recurrió al Tribunal de Apelaciones y el día de ayer (28 de enero) el juez ejecutor, el doctor (Roger) Cisneros, delegado por el Tribunal de la circunscripción norte de Matagalpa, “se presentó cuatro veces a la Policía y no lo dejaron pasar de la puerta, diciéndole que los jefes estaban en reunión”.
Según Alonzo Cano, el juez ejecutor realizará un informe para enviarlo a los magistrados de circunscripción norte de Matagalpa para que estos ordenen que el jefe de la Policía “tiene que cumplir con la orden que se le dio”.
Los fallos y resoluciones de los jueces y tribunales son de ineludible cumplimiento para todas las autoridades del país, y eso alcanza a la Policía Nacional, apuntó el abogado.
Asimismo, la propia familia del fallecido ha estado llegando al Ministerio Público para exigir que se haga el acta de mediación, pero han aducido que están en reunión y que no hay fiscal disponible, “todo una serie de excusas que en definitiva, vienen a perjudicar a las víctimas, ellos están obligados a tutelar sus derechos, se está violentando por parte del Ministerio Público que estas personas tengan derecho a una indemnización, al pago del seguro del vehículo y al complemento que el doctor Urbina Lara tiene destinado para ellos, de lo cual ya un acuerdo verbal”, explicó Alonzo Cano.
URBINA LARA TEME POR SU VIDA
Para el abogado defensor, lo que está ocurriendo tanto con el doctor Urbina Lara como para los familiares del fallecido es “una situación terriblemente injusta”, pues los órganos del Estado, en este caso el Ministerio Público “se está oponiendo que las víctimas reciban su indemnización inventando excusas absurdas”.
A su juicio, existe “un real peligro” para Urbina Lara, pues este le comunicó que teme que atenten contra su integridad personal y su vida.
“El día que se celebró la audiencia preliminar, el doctor Urbina Lara me expresó en la conversación que tuvimos una vez terminada la audiencia preliminar de que, él tiene el temor bien fundado de que atentaran contra su vida”, reveló.
“Él me dijo que tiene temor por su vida, que lo vayan a matar, a asesinar en la celda, ya que él está en un estado de indefensión, producto del accidente anda un cuello quirúrgico que le permite un poco de estabilidad, porque salió sumamente golpeado de sus piernas, politraumatismos en su cuerpo”, continuó.
Alonzo Cano expuso que en toda la historia judicial de Nicaragua, “no hay un caso análogo al que ahorita estamos viviendo, en donde las víctimas y la persona acusada en el proceso están de acuerdo, y las autoridades, en este caso el Ministerio Público se oponen, obstruyen cumplir con sus obligaciones como funcionarios públicos, como es hacer un acto simple y sencillo que solo lleva 10 minutos, hacer el acta de mediación durante el proceso que según las disposiciones del 69 y 72 del Código Procesal Penal establece que, celebrada esa audiencia el proceso se extingue y la responsabilidad penal en consecuencia queda extinguida y eso significa que el proceso penal ventilado por homicidio imprudente por imperio de la ley quedaría cerrado, se daría el archivo y el doctor tendría que ser puesto en libertad”.
Añadió que para el lunes 1° de febrero, harán una petición audiencia de urgencia para solicitar una vez más la libertad de Urbina Lara y con ello el acta de mediación para la indemnización de la familia del fallecido.
La valoración hecha por el defensor es que se le está mandando “un mensaje intimidatorio” a toda la población y al gremio de abogados. “Se quiere imponer una política fascistoide, en la administración de justicia de nuestro país, en donde el sistema de justicia está actuando como un verdadero Estado antidemocrático, diciéndole a las personas ‘el que yo quiero no sale, y puedo hacer con él mi regalada gana’, ese es el mensaje que se le está mandando a la población”.
“Esto debe alertar al gremio de profesionales del derecho y a toda la ciudadanía”, concluyó.
En el país, es conocido que el abogado Manuel Urbina Lara es un fuerte crítico del régimen orteguista y de algunos administradores de justicia del país. En octubre de 2019, acudió a la embajada de Estados Unidos en Managua, para solicitar una reunión con el embajador Kevin Sullivan y poder presentarle pruebas de presuntos “actos de corrupción” en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua. No se supo si esta reunión se dio.
Unos días antes en ese mismo mes de octubre, la CSJ le suspendió su licencia como abogado por cinco años, tras denunciar un presunto vínculo de la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, con el empresario Henry Fariñas, condenado en 2012 a 30 años de prisión por narcotráfico y otros delitos.