El abogado Noel Alonzo Cano, defensor del exdiplomático y preso político Edgard Parrales, de 79 años, pidió a la judicial a cargo del proceso, el cambio de medida cautelar de “prisión preventiva a arresto domiciliar” debido a que la vida del también exsacerdote corre peligro.
Cano solicitó “con carácter de urgencia que se atiendan las recomendaciones emitidas por los médicos tratantes de su defendido”, pues Parrales presenta “un cuadro de afectaciones médicas que requieren de atención médica especializada, exámenes médicos específicos y una dieta balanceada para evitar complicaciones digestivas”.
“Y sumado a la edad de mi representado, requiere sin duda un trato carcelario más humano que le permitan evitar complicaciones severas en su salud y que podrían, en caso de no atenderse, desembocar en grave lesión a la integridad física y hasta la pérdida de la vida de mi defendido”, advirtió.
La Ley del Adulto Mayor (Ley 720) ordena a que a las personas mayores de 60 años se les garantice “ante los jueces o tribunales competentes un proceso sencillo, con prelación, celeridad, gratuidad, inmediatez, con las debidas garantías procesales, que le ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), es acusado del falso delito de “conspiración para cometer menoscabo” por sus opiniones y análisis políticos contra el régimen de Daniel Ortega.
El escrito presentado ante la jueza Karen Chavarría, titular del juzgado noveno de distrito penal de audiencias de Managua, documenta que Parrales presenta antecedentes de “hemicolectomía del lado izquierdo y colecistectomía, además tiene un síndrome de colon irritable y de verticulosis, también tiene una hernia post incisional”.
La solicitud se da luego que el régimen enviara a sus casas a los presos políticos valetudinarios Arturo Cruz, de 68 años; el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años: y el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años.
Esa decisión se dio tras la muerte del general en retiro Hugo Torres, que falleció el pasado 12 de febrero a los 73 años bajo custodia policial a causa de una “enfermedad” aún no especificada.