La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), integrada por abogados independientes, demandó este miércoles el “cese a la instrumentalización de Sistema de Justicia Penal de Nicaragua y la pronta liberación definitiva y con garantías de las personas presas políticas”.
La UDJ señaló en un comunicado que “persisten las reiteradas arbitrariedades y violaciones al debido proceso por parte del Sistema de Justicia en todas sus instancias”.
Se refirió a la celebración de una supuesta “audiencia informativa” y aclaró que eso “carece de fundamento jurídico que sustente su celebración, puesto que la misma no se encuentra estipulada en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal de Nicaragua”.
“Esto pone en evidencia las reiteradas violaciones a los derechos de las personas presas políticas, al derecho a una defensa y a defender derechos, al ser celebrada sin la participación de sus abogados defensores”, añadió.
Los abogados indicaron que en los casos de la mayoría de las personas presentadas el día de ayer y hoy en dichas “audiencias”, ya se encuentran con recursos de casación presentados, “por lo que el Tribunal de Apelaciones carecía de competencia para la realización de dicha audiencia”.
Para la UDJ se trata de un nuevo acto ilegal que “debería declararse nulo”, puesto que además las personas presas políticas “fueron obligadas a firmar documentos sin la asistencia legal de sus defensas y desconociendo el contenido íntegro del mismo”.
“Por lo tanto, con la realización de esta llamada ‘Audiencia Informativa’ se está haciendo una incorrecta aplicación de las leyes, por lo que la comparecencia en la misma es ilegal, arbitraria, violenta el principio de legalidad y las garantías mínimas del debido proceso, la Tutela Judicial efectiva, y por ende el respeto de la dignidad humana y el derecho a la defensa, por cuanto se ha negado de manera sistemática el derecho a la asistencia de sus abogados defensores”, señalaron.
A su vez,–agregó—“el Tribunal de Apelaciones se extralimita en sus funciones con la de otros poderes del Estado, al legislar por la vía de hecho, al aplicar un procedimiento que no existe en la ley (art. 10 Código Penal). Les recordamos a las autoridades judiciales y policiales, que ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuciones que le otorgan la constitución y las leyes”.
Los abogados independientes apuntaron que “persiste la retardación de justicia, pues en la mayoría de los casos ya fue interpuesto el recurso Extraordinario de Casación hace más de un mes, y hasta la fecha no se le ha dado curso a su tramitación, la cual debe de efectuarse según el legislador en un plazo de 48 horas después de recibido el recurso, y posteriormente otorgar el plazo de 10 días al Ministerio Público para que conteste los agravios, en el caso de los declarados bajo tramitación compleja es de 20 días”.
“Exigimos el respeto a las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y a la protección a la dignidad humana de los presos y presas políticas, en tanto el acto mediático y publicitario, además de repudiable es ilegal”, aseveraron.
Llamaron a las autoridades a “resolver sobre la atención médica y las valoraciones médico legales que han sido solicitadas de manera reiterada, así como el ingreso de alimentos, material de lectura, calendarización adecuada de las visitas familiares, el restablecimiento de las relaciones Madre – padre -hijas e hijos, las visitas conyugales a las que tienen derecho según la legislación, en lugar de inventar figuras jurídicas orientadas a la exposición e irrespeto a la dignidad humana de quienes el Estado debería proteger”.
“A la vez demandamos la liberación definitiva y con garantías de todas las personas privadas de libertad por razones políticas detenidas en la DAJ, EPIM y centros del Sistema Penitenciario Nacional”, concluyeron los abogados.