José Alberto Montoya
Es difícil plantear que en algún momento Ortega contó con legitimidad de orígen, el eterno y único candidato presidencial del Frente Sandinista retornó al poder tras una serie de pactos con el entonces gobernante PLC, reformas a la Constitución y a la ley electoral que le permitieron controlar el ejecutivo; en 2011 es reelecto a sabiendas del carácter inconstitucional de su candidatura en una jornada electoral que al igual que la de 2008 en las elecciones municipales, darían inicio a los triunfos cuestionables de Daniel, ratificados en 2016 tras desaforar a veintiocho diputados de la Coalición Nacional por la Democracia, el impedimento de un proceso electoral con una oposición creíble, nombrando a su esposa como vicepresidenta de la República. Mismo mecanismo utilizado en las elecciones de 2021, añadiendo el encarcelamiento de pre candidatos presidenciales y decenas de opositores.
El proceso electoral de 2021 pese al encarcelamiento de opositores y una escalada represiva sin precedentes previos, ha sido clave para entender al gobierno de Ortega y Murillo como una administración que carece por completo de cualquier pizca de legitimidad popular. Con el control absoluto de alcaldías, fuerzas armadas y de orden cívico, así como la toma completa de todos los poderes del Estado – Ortega no solamente es el dictador responsable por crímenes de lesa humanidad perpetrados desde su mando, también encabeza un gabinete que usurpa ilegalmente el poder en Nicaragua.
Parte importante de la comunidad internacional desconoció el proceso de 2021, no obstante, existe todavía un roce de respeto que esparce la dictadura al menos en la región centroamericana. ¿Cómo es posible reconocer a un gobernante después de desconocer el proceso que le permite continuar en el poder? Al final son detalles de la diplomacia cuyos resultados se vuelven incomprensibles para una población que es víctima de las represiones de un tirano.
El guante de seda con cual es tratado Daniel por gobiernos como el de México o el de Honduras, se pueden entender únicamente por los puntos en común desde la perspectiva ideológica, lo interesante es que ambos gobiernos, le prometieron a sus ciudadanías una transformación y refundación basada en derechos. Ambos gobiernos desconocen a la presidenta Boluarte por usurpar el cargo del presidente Castillo y acusarla de cometer crímenes contra su población, paralelamente, le huyen a señalar los crímenes de la dictadura en Nicaragua – lo que deja en evidencia, solamente el sesgo de carácter ideológico.
Lo interesante es que ese mismo guante de seda cada vez se desgasta más y solo queda un trapo deshilachado, un gobierno aislado que fue reconocido como dictadura por el grupo de expertos de la ONU, y donde presidentes como Lula, Boric y Petro han dejado clara su postura en cuanto a no consentir un régimen que solo lleva a América Latina al triste recuerdo del que fue Pinochet o Fujimori.
Sin duda, los argumentos del régimen se vuelve por dos vías ilógicos: en primer lugar, no cuentan con el poder legítimo para promulgar ley alguna, ya que, las personas que ocupan hoy los curules de la Asamblea Nacional no fueron electas por la población, por lo que, sus decisiones no son menos que inaplicables. Por otro lado, traición a la patria ¿de cuál patria se habla? si es la patria de hoy, es una patria sin Estado de derecho, una patria donde no se sabe a ciencia cierta cuales son los juramentos de los policías, una patria con presos políticos, una patria con exiliados y desterrados; esa es una patria hecha a la medida de un sistema dictatorial y ese modelo de patria es digno de traición.