Destacados / Especiales · 23/01/2023

Adoctrinamiento o exilio: las dos opciones a un año de control de las universidades en Nicaragua

*Por República 18

La cancelación de personerías jurídicas, la confiscación de recintos y la transformación de universidades públicas, es el resultado de una deriva autoritaria en el excesivo control del régimen por la educación superior en Nicaragua. 

«¡No podés grabar aquí…y menos para incitar al odio!»—, le dijo molesto un trabajador de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) al estudiante universitario Elison Altamirano, de 21 años.  El joven en ese momento solo grababa con su celular para una asignación académica en 2022, donde se analizarían los precios de la canasta básica en Nicaragua, un país donde todo sube de precio menos los salarios. 

A pesar de que a Elison le faltaba año y medio para terminar su carrera de Comunicación Social en la Universidad Juan Pablo II, en la capital nicaragüense, se vio obligado como muchos más jóvenes universitarios a salir huyendo por la represión que se vive en Nicaragua.

El joven se encuentra desde 2022 buscando refugio en Costa Rica, desde donde cuenta la zozobra que existe en Nicaragua para opositores, disidentes, críticos, campesinos, periodistas y estudiantes universitarios opuestos a la «bota de hierro» con la  que Daniel Ortega dirige al país. 

“Esto implica un sacrificio bastante grande. No solo por abandonar tu país, sino también tus sueños, tus aspiraciones y la meta que querías alcanzar. Se debe aceptar que si continuás en Nicaragua, debés permanecer callado. Y si hablaste, debés hacerte la idea de que va a llegar la Policía en algún momento a tu casa”, cuenta Elison, con evidente nostalgia.

Entre ese temor, silencio y censura vive el estudiantado universitario en Nicaragua, a casi cinco años del inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018 y a un año de las confiscaciones de varias universidades, ocurridas entre el 13 de diciembre de 2021 y el 12 de febrero de 2022.

Alexandra, a quien llamaremos así por seguridad, es estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Centroamericana (UCA).  Empezó sus estudios poco antes de las manifestaciones cívicas de 2018 y considera que sus años de universidad “han sido un verdadero desastre”.

La joven dice que con el cierre de las universidades había temor entre sus compañeros de clases. «Temían verse afectados. El año pasado era mi último curso y tenía miedo que cancelaran la UCA y me quedara en el aire”, asegura la comunicadora.

El arranque de las confiscaciones

El 13 de diciembre de 2021, la dictadura de Ortega canceló la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), propiedad privada del empresario sandinista, Leonardo Torres Céspedes.

Lo que parecía una “pasada de cuentas” al exsocio del régimen, se convirtió en el ensayo para extender la toma y control sobre el resto de universidades, sin importar si eran privadas o subvencionadas.

El 2 de febrero de 2021, el régimen apretó el gatillo para ilegalizar la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), la Universidad Paulo Freire (UPF) y la Asociación de Estudios Humanitarios (Uneh).

Protesta dentro de la Universidad Centroamericana (UCA) en 2021. Foto: República 18

En marzo de ese año, la dictadura aprobó una reforma a la Ley General de Educación (Ley 582) y una adición a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89), en la que otorgó más poder al Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuyas autoridades tomaron el control de los recintos confiscados. 

La reforma, para alegría de la joven Alexandra, excluyó a la UCA de ser confiscada por el CNU. Sin embargo, fue eliminada de la partida presupuestaria del 6% del Presupuesto General de la República.

Un retroceso a la educación en Nicaragua

A criterio del especialista en temas de educación, Ernesto Medina, la confiscación de estas universidades representa un serio retroceso en la educación, que se asemeja a la situación que se vivía en la década de 1980.

“La cancelación, expropiación de universidades y transformación de universidades estatales, es la culminación de un proceso para lograr un control total de las universidades, porque lo ocurrido en abril y mayo de 2018 en las protestas, fue una señal para Daniel Ortega. Y su reacción, además de la represión, fue no permitir que nunca se volviera a repetir que las universidades fueran protagonistas de protestas”, señala Medina.

La dictadura no le perdona a la Universidad Centroamericana (UCA) su defensa a los estudiantes en las protestas de 2018. Foto: República 18.

Medina, quien fue rector de la Universidad Americana (UAM), destaca que la Ley 89, aprobada por el sandinismo antes de entregar el poder en 1990, “fue una trampa” para mantener el actual control de las universidades. 

No obstante, considera que Ortega, al observar que esta misma ley daba margen de maniobra para la disidencia y el pensamiento crítico, decidió eliminar la autonomía universitaria.

“No puede haber una institución en la búsqueda de la verdad sometida a un régimen como el de Nicaragua, donde se ha procedido con medidas arbitrarias como el despido de profesores de amplia experiencia, solo por no haber apoyado al partido”, expresa el especialista.

El afán sandinista de truncar los sueños universitarios 

A raíz de las protestas de 2018, la dictadura ordenó la expulsión del estudiantado que se sumó a las protestas o apoyó a manifestantes. Fue el caso de Elthon Rivera Cruz, quien actualmente está en el exilio y fue becado por una universidad en Rumanía para estudiar Medicina.

Elthon fue expulsado por brindar asistencia a los heridos en las manifestaciones de 2018. Luego de tocar varias puertas, logró incorporarse en la Universidad Paulo Freire (UPF). Pero se vio afectado, por segunda vez, luego que la dictadura decidió confiscar esta universidad, dirigida por Adrián Meza, quien también está en el exilio.

Elthon Rivera, estudiante de medicina. Fue expulsado de la UNAN en 2018 por brindar asistencia a heridos en las protestas. Foto: Cortesía.

Elthon destaca que, desde antes del cierre de las universidades, el Frente Sandinista mantenía bajo amenaza y presión los recintos académicos.

“Estuve visitando universidades privadas y me cerraron puertas por temor a represalias del régimen. Envié muchas cartas. Estuve buscando oportunidades, hasta que encontré una oportunidad de beca en una universidad de Rumania”, cuenta Elthon desde el país Europeo. 

En el tiempo que el joven no logró entrar a una universidad, aprovechó su tiempo para «estudiar inglés». «Recibí programas de formación en ciencias políticas y cada espacio lo estuve aprovechando, sin dejar al lado lo que quería estudiar: Medicina”, señala.

La UCA fue excluida del CNU y por ende del 6% del Presupuesto General de la República. Foto: República 18.

A un año de las confiscaciones y la reforma, la presión continúa

La dictadura “no pierde tiempo” en su control de la academia en Nicaragua. Actualmente, los maestros y estudiantes continúan siendo víctimas de la política represiva del régimen.

Fidel, un profesor universitario que prefirió usar un seudónimo para evitar represalias, destaca que los docentes también son altamente perjudicados con las nuevas disposiciones  académicas de la dictadura. 

“Después de un año, la educación en las universidades ha sido tomada por el CNU, que controla todo. Ellos están viendo los programas curriculares y hasta quiénes dirigen los departamentos o áreas. Ellos están controlando quién entra y quién sale del país, incluyendo los estudiantes”, puntualiza Fidel.

Incluso en las universidades privadas, el CNU “está metiendo la mano” para decidir quién forma parte de los cuerpos docentes.

“Cuando se contrata a un profesor, esos datos se pasan al CNU, que está llegando a las universidades constantemente para inspeccionar a maestros y jefes de departamento, para saber quiénes son y si todos están en planilla”, detalla el docente universitario.

Las pocas universidades sobrevivientes, según Fidel,  la opción que encuentran es quedarse calladas antes que vayan por ellas. 

“Es común ver constantes amenazas de corte de energía o de agua, pero prefieren callarse. Las universidades están copadas de las estructuras del partido. En un futuro cercano, hasta la libertad de cátedra va a ser muy difícil”, añade.

El Observatorio Nicaragüense de la Libertad Académica y la Calidad Educativa registra a 207 estudiantes expulsados por año desde 2018. 26% son mujeres, 41% son hombres y 2% personas de la diversidad sexual.

Además, se registran 422 docentes e integrantes del personal administrativo obligados a renunciar entre 2018 y 2022.

Control a trabajadores de universidades

Fidel explica a República 18 que los teléfonos de los docentes y jefes de áreas se encuentran intervenidos. “Muchos teléfonos de directores, decanos y de trabajadores de las rectorías están intervenidos”, dice.

Alexander Reyes, dirigente del Observatorio Nicaragüense de la Libertad Académica y la Calidad Educativa, puntualiza que han registrado casos de evidente intervención telefónica en docentes y estudiantes.

“Es un tema muy sensible. Con las personas que hemos conversado, tanto docentes como estudiantes, sienten que los están escuchando. Se suele escuchar un ruido de interferencia antes y al concluir la llamada. También se registran desvíos de llamadas”, dice Reyes al ser consultado.

Despidos y exilio a docentes no «alineados»

Los docentes que no se alinearon a la política gubernamental luego de las confiscaciones a universidades privadas, fueron despedidos inmediatamente, según Reyes.

“Una vez que despiden a los docentes no les dan ninguna aclaración sobre el despido, solamente les dan la carta. Los docentes que se quedaron, lamentablemente tienen afinidad con Ortega y Murillo. Y con todas sus ideas. Los que salen han tenido que emigrar a Estados Unidos o Costa Rica”, cuenta. 

Fidel, el catedrático, señala que en el caso de la Upoli, empezaron a despedir a profesores, a los jefes de departamento y por último a los cargos gerenciales, por desconfianza.

“De los que quedan, muchos profesores prefieren no abordar el tema de Nicaragua en aspectos políticos y económicos, por temor a meterse en problemas”, sostiene.

Por otro lado, algunos docentes prefieren exiliarse por temor a represalias de la dictadura. Para Reyes, este escenario es más complicado debido a los obstáculos para desempeñarse profesionalmente como maestros en el exterior.

Elison Altamirano, estudiante de la carrera de Comunicación en Nicaragua y actualmente en el exilio. Foto: Cortesía.

“Estos maestros no pueden seguir ejerciendo su profesión en otros países por la condición migratoria, debido a la salida irregular y los procesos más complejos en otros países. Muchos se enfrentan a la falta de oportunidades por el nivel de educación en Nicaragua, por lo que han tenido que caer en empleo informal”, destaca Reyes.

El especialista en educación, Ernesto Medina, menciona que en el marco de las elecciones de noviembre de 2022 la dictadura despidió a más docentes de universidades públicas.

“Despidieron a más de 40 profesores de la UNAN-León por no haber participado en las elecciones y por no haber votado por los candidatos del FSLN. Ahora, la condición para conservar el empleo en las universidades es mostrar lealtad al régimen”, añade.

Estudiantes de Comunicación, obligados a guardar silencio

Alexandra, la estudiante de la UCA, expone que debido a la represión contra periodistas, académicos y estudiantes, la carrera de Comunicación en ese recinto registró una significativa reducción en su demanda.

“Cada año, por la disminución de las becas, son menos estudiantes de Comunicación. La universidad no da datos, pero sé que son mucho menos los estudiantes en la carrera”, expone la joven vía telefónica.

Fidel, el catedrático, suscribe que ha comprobado una reducción en la demanda de la carrera de Comunicación o Periodismo. “Si antes había 120 matriculados en una universidad por año, hoy solo hay 30. La gente tiene miedo”.

El académico agrega que “los estudiantes quieren irse del país. Terminar su carrera lo antes posible e irse. Y en el caso de los estudiantes de Comunicación, quieren irse del país o cambiarse de carrera”.

Fanáticos de la dictadura se toman las instalaciones de la UPOLI

Por su parte, Alexandra coincide en que la mayoría de sus compañeros prefieren concluir sus estudios para “obtener el título” y luego dedicarse a otra cosa o abandonar el país.

“Luego de terminar la carrera, toca irse del país o dedicarse a otra cosa. Es increíble la cantidad de excompañeros que trabajan en Call Center ante la falta de trabajo”, dice. 

“Los estudiantes de comunicación deciden no asistir al semestre o no relacionarse con medios de comunicación, aunque sea uno de sus deseos», confiesa con evidente tono de miedo.

Adoctrinamiento a corto, mediano y largo plazo

Annabeth Mora, abogada nicaragüense y exiliada, comenta que con estas acciones está “en juego” la calidad de los futuros profesionales de Nicaragua.

“Los estudiantes se ven vulnerados porque las universidades son confiscadas y no pueden salir a profesionalizarse. Los estudiantes no tienen la seguridad de que su título sirva a nivel internacional”, señala.

Para Mora, el “seguir estudiando en Nicaragua es un acto de rebeldía frente a esta dictadura, porque los jóvenes no solamente se enfrentan a una condición económica fuerte, sino que el simple hecho de estudiar representa un peso en la economía de la familia”. 

Un especialista en educación señala que los estudiantes cuentan con una alta carga de manipulación política desde la primaria y secundaria. Foto: Jader Flores.

El problema de la educación en Nicaragua, según Fidel, tiene sus orígenes en la primaria y secundaria, donde el estudiantado recibe una fuerte presión de manipulación política.

“En unos cinco o diez años se van a  ver los frutos negativos. Además, los estudiantes están llegando con serias deficiencias de estudio”, destaca el catedrático. 

Ante esto, la abogada Mora llama a no normalizar estas acciones del régimen porque es una clara vulneración de los derechos de los estudiantes.

“No hay que normalizar las restricciones a la libertad académica. Las personas podrían prepararse con una afinidad a una ideología y asegurarse un cargo luego, pero dejando a un lado la preparación”, destaca.

“Fuga de cerebros”

Fidel hace hincapié en que los estudiantes desean concluir su carrera lo más pronto posible o irse sin concluir para buscar oportunidades fuera de Nicaragua.

Grissmel Baldizón, integrante de la Iniciativa Puentes por los Estudiantes (IPEN), comenta que dos de los grandes daños de la dictadura es, sin duda, la fuga de cerebros.

“El gobierno está aislando a los profesores y autoridades académicas críticas, no solo en las universidades, sino que es un problema que viene desde la primaria y la secundaria, donde existe un adoctrinamiento político”, señala.

Grissmel Baldizón, estudiante nicaragüense exiliada en Costa Rica. Foto: Oscar Navarrete para alianza 4MI

Con relación a “la fuga de cerebros”, detalla que es una situación de preocupación para cualquier sociedad y, en el caso de Nicaragua, ante una eventual transición democrática.

“Sin duda es una fuga de cerebros, es una migración intelectual. Hay mucho potencial que se está yendo, por tanto, tenemos como intención que estas personas estudien, se preparen y puedan retornar al país en algún momento para reconstruirlo”, añade.

El calvario de estudiar en el exterior siendo exiliado

El abandono de carreras o el exilio implican muchos elementos que perjudican al estudiante y al docente. En el caso del estudiante: si es perseguido, persiste el problema de obtener los documentos necesarios.

“Uno de los primeros obstáculos es que la universidad te acepte en Costa Rica para que te puedan reconocer lo mínimo de lo que estudiaste en Nicaragua, para que puedan convalidarte las clases o te den una beca. Muchas te piden tus diplomas o notas apostilladas y en un contexto como el de Nicaragua, se hace difícil que un exiliado pueda hacerlo”, cuenta el joven exiliado Elison Altamirano. 

¿Qué queda por hacer?

Elthon Rivera, también dirigente de IPEN, señala que los estudiantes deben seguirse profesionalizando y preparándose aunque sea en el exterior para un eventual retorno a Nicaragua.

“Se debe seguir haciendo la lucha, que empieza por uno mismo. Si esa lucha se abandona, el resto se cae. Se debe avanzar y cada uno debe apostillar sus documentos, garantizar su pasaporte y tener todos sus documentos a mano, que es fundamental para obtener una oportunidad fuera del país”, recomienda Rivera.

Mientras el retorno de la democracia aguarda, Elthon Rivera, Elison Altamirano, “Alexandra” y Grissmel Baldizón ponen empeño en seguir estudiando, mientras a los docentes les queda solo dos caminos: guardar silencio o migrar.